El PP acusa a la Junta de paralizar los expedientes del salario social

Ana Vanessa García ha criticado que la Junta se haya inventado una ayuda de emergencia social que es el “salario electoral” porque anuncian esta prestación un mes antes de las elecciones, después de que alrededor de 5.000 familias lleven esperando esta ayuda desde hace casi un año

El concejal de Familia y Bienestar Social en el ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, destaca que “el Consistorio atendió en 2014 a 1.005 familias con suministro de alimentación, vivienda o suministros básicos porque no recibieron el salario social”

26. Febrero. 2015. El Partido Popular ha criticado que la Junta de Andalucía tenga paralizados los expedientes del salario social en la provincia. Así lo ha censurado la vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A y candidata para las elecciones autonómicas por Granada, Ana Vanessa García, junto al concejal de Familia y Bienestar Social en el ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, después de que la Junta anunciara el día 11 que 2.570 granadinos parados de larga duración van a recibir el 10 de marzo el salario social “tras esperarlo durante casi un año”.

En ese sentido, García ha reprochado a la administración andaluza y a Susana Díaz, que haya “dejado tirados” a la mitad de los solicitantes y a los que ahora están reclamando dicha ayuda. “¿Van a tener que esperar otra convocatoria de elecciones los parados de larga duración que no tienen ninguna prestación desde hace años para que el Gobierno andaluz le dé alguna solución?”, ha ironizado.

Además, la vicesecretaria del PP-A ha afirmado que “los socialistas en Andalucía no tienen vergüenza porque se acaban de inventar una ayuda de emergencia social, se llama ‘el salario electoral’ porque después de esperar casi un año, cuando el plazo máximo para conceder esta ayuda es de dos meses, lo anuncian a un mes de las elecciones y lo van a conceder ‘supuestamente’ justo 12 días antes del 22M”.

En la misma línea, Ana Vanessa García ha reseñado que debido que a principios de 2014 se empezaron a pagar los salarios sociales de 2013 y ahora, en marzo de 2015, se pagarán los correspondientes a 2014″. “¿Qué pasará con los que soliciten el salario social este año?”, se ha preguntado la candidata del PP.

“Un claro ejemplo de que el PSOE en nuestra comunidad abandera la defensa de lo social y es totalmente falso”, ha sentenciado García que ha añadido que “la defensa de las políticas sociales se demuestran con hechos y no con titulares en los periódicos”.

Por su parte, Fernando Egea ha recordado que el salario social es un decreto del año 1.999 en el que se establecía un procedimiento rápido de actuación de tres meses debido a la necesidad tan importante de emergencia social y que “con el objetivo de ofrecer un mejor servicio, en 2013 la Junta de Andalucía a través del decreto de exclusión social modificó la norma para agilizar de manera bimensual el trámite para abonar el salario social”.

En la misma línea, el edil “popular” ha reseñado que esta ayuda depende de una comisión compuesta por tres delegados y representantes sindicales y que se tiene que reunir por ley todos los meses y que sin embargo, no la convocan desde febrero de 2014.

Por otro lado y debido al incumplimiento de la administración autonómica con dicho decreto, Egea ha destacado que “el ayuntamiento de Granada atendió en 2014 a 1.005 familias con suministro de alimentación, servicios básicos y vivienda porque no recibieron el salario social de la Junta”.

“El Gobierno del PSOE e IU de la pasada legislatura ha sido el menos social”, ha aseverado el concejal de Bienestar Social, que ha añadido que “es en situaciones de extrema necesidad en las que se demuestra el verdadero compromiso y cumplimiento real de la defensa de los asuntos sociales como lo ha hecho el ayuntamiento de la ciudad”.

Además, Fernando Egea ha lamentado que “la Junta de Andalucía no ofrezca información y documentación sobre los expedientes de salario social, no solo a los ayuntamientos y a los parlamentarios andaluces, sino tampoco al Defensor del Pueblo”.

Finalmente, Fernando Egea se ha referido al informe del Defensor del Pueblo sobre este asunto que desvela que “se está incumpliendo deliberadamente y conscientemente la norma” y que, a juicio del Defensor, “esta ayuda es una necesidad para familias en situación de emergencia social”.