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Ayuntamiento y Junta buscan una casa para la familia de Pinos Puente desahuciada
La familia compuesta por un matrimonio y sus seis hijos, dos de ellos bebés, que fue desalojada de su vivienda de Pinos Puente el miércoles se ha reunido en las últimas horas con el alcalde de esta localidad, José Enrique Medina, para intentar que alguna administración le facilite un nuevo alquiler.
Según fuentes municipales, el Consistorio va a continuar haciendo gestiones con distintas administraciones para lograr un alojamiento para esta familia y ha recordado que tramitó de forma urgente una ayuda de emergencia social cuando tuvo conocimiento de su situación.
La pretensión, ha explicado el alcalde, es que los servicios sociales comunitarios puedan administrar debidamente el dinero otorgado a la familia, de modo que la cuantía pueda destinarse al pago de un nuevo alquiler.
El Consistorio también se ha comprometido a garantizar el alojamiento en un hostal del padre y los hijos mayores hasta el fin de semana, mientras que el resto de miembros de la familia permanecen en casa de unos conocidos en Granada.
Medina ha lamentado por otra parte el uso “político” que, a su juicio, ha hecho la Diputación de Granada, gobernada por el PP, de este asunto, después de que esta última administración lamentara ayer que el alcalde estuviera “escondido” mientras una familia de su municipio había sido desahuciada.
La diputada provincial de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, informó de que, ante la que consideró “falta de solidaridad” mostrada por el regidor, la familia desahuciada había acudido al centro de Servicios Sociales de la localidad, dependiente de la Diputación y donde permanecieron algunas horas.
Al respecto, Medina ha lamentado las “acusaciones infundadas” por parte de Diputación y el hecho de que interpusiera una denuncia para que la familia fuera desalojada de las dependencias de Diputación en las que se encerró.
La pareja, de origen saharaui, tenía arrendado un inmueble en el número 62 de la carretera de Córdoba, según detalló ayer un portavoz del grupo Stop Desahucios, que intentó sin éxito buscar una alternativa de alojamiento a la familia afectada.
El desalojo se produjo para dar cumplimiento a una orden judicial de desahucio promovida por el propietario del inmueble, quien al parecer también tiene problemas familiares y económicos y que optó por la dación en pago por no poder hacer frente a la hipoteca contraída con una entidad financiera.
