Juzgan hoy a responsables de una comunidad de regantes por quedarse con 60.000 euros

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge este miércoles el juicio contra el presidente y el secretario de la Comunidad de Regantes de la Acequia del Cadi, de Cenes de la Vega (Granada), acusados de quedarse con un total de 60.000 euros que le entregó la gerencia del nuevo Hospital de la Salud como contraprestación por el desvío de una acequia para construir las instalaciones sanitarias.

La Fiscalía de Granada solicita cuatro años de prisión y multa de 3.240 euros para los procesados, Rogelio R.R., de 77 años, y Jesús S.U., de 69, los dos sin antecedentes penales, como presuntos coautores de un delito de apropiación indebida.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 22 de junio de 2010 la junta de gobierno de la Comunidad de Regantes de la Acequia del Cadi, en Cenes de la Vega, confió por unanimidad al primer acusado, quien por entonces desempeñaba el cargo de presidente, autorización para que realizase cuantas actuaciones fueran necesarias para llevar a cabo un desvío del cauce de la acequia solicitado por el Hospital Nuestra Señora de la Salud con el fin de construir un nuevo hospital.

Así, y “amparándose en las funciones inherentes a su cargo y valiéndose de la confianza en su persona depositada por los demás integrantes de la comunidad”, actuó “movido por un evidente y manifiesto propósito de enriquecerse económicamente” de forma “injusta y en perjuicio de terceros”, para lo que contó además con la colaboración del secretario de la comunidad, el segundo procesado.

De hecho, el 23 de julio de 2010, el presidente recibió de manos de la directora gerente del sanatorio de la Salud un cheque bancario nominativo por importe de 60.000 euros como contraprestación por la autorización para la modificación del trazado de la acequia entre ellos suscrita y procedió a ingresarlo el 29 de julio en la cuenta corriente que tenía abierta la comunidad.

Seguidamente, “contando con la connivencia del otro procesado” y ostentando ambos firmas mancomunadas sobre esa cuenta, procedieron a realizar diversas y sucesivas extracciones hasta hacerse con la totalidad del importe, que la comunidad les reclama al haberlo detraído de los bienes de la misma.