La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado este miércoles que la Junta de Andalucía está trabajando para lograr una solución para los usuarios y el personal de la residencia Huerta del Rasillo de Granada, que atiende a dependientes gravemente afectados y que ha emprendido un calendario de movilizaciones ante el posible cierre de las instalaciones.
En declaraciones a los periodistas en Granada, la consejera ha recordado que el problema que tiene la residencia es que el administrador concursal se niega a asumir la deuda que tiene contraída la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad (CANF), que gestiona las instalaciones y que ha tenido que disolverse por su “gravísima” situación económica.
“Nosotros vamos a intentar por todos los medios que los usarios sigan en el mismo espacio, que es lo más importante, y si hubiera algún tipo de problema ya veríamos la solución”, ha mantenido la consejera, que ha recordado que el administrador concursal también lo nombró la CANF.
“Lo que es seguro es que todos van a estar atendidos y que se va a mantener el 100 por 100 de la plantilla que era el compromiso que habíamos adquirido, nosotros queremos resolverlo en ese espacio físico, que la gente entiende como su casa. Ojalá podamos finalmente conseguir que de ahí no se muevan”, ha señalado.
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Según los sindicatos, este centro, gestionado por la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad (CANF), se encuentra en una situación “muy grave”, ya que arrastra una deuda con la Seguridad Social de 2 millones de euros, 400.000 de los cuales corresponden a la residencia de Granada.
Por este motivo, se encuentra en concurso de acreedores, y la administración concursal lo que plantea a los representantes de los trabajadores es la liquidación de la empresa y un ERE para sus 37 trabajadores, a los que se les adeudan cuatro nóminas, según CCOO.