Abren juicio oral contra alcalde de Gójar por supuesta prevaricación y tráfico de influencias

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha decretado la apertura de juicio oral contra el actual alcalde de Gójar (Granada) y diputado provincial de Personal, Francisco Javier Maldonado, acusado de los delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía pide para él un total de dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa.

El Ministerio Público le acusa de haber dado un posible trato de favor a la empresa Promociones Cavifer S.L., en la que uno de sus socios es el hermano del regidor –también imputado–, que, según un informe pericial, obtuvo un total de 321.350 euros de beneficios tras firmar un convenio con el Ayuntamiento en 2005 para la construcción en el municipio de 19 viviendas, locales y aparcamientos, y la apertura de un vial en la calle San Luis.

Concretamente, el hermano del regidor está acusado de un delito de tráfico de influencias, y otro contra la ordenación del territorio, por el que se enfrenta a dos años y nueve meses de prisión, multas de más de 406.000 euros, e inhabilitación para la profesión u oficio relacionado con los hechos por tiempo de dos años.

En la causa están imputados otras dos personas, el secretario habilitado del Ayuntamiento José M.L.R., que está imputado por posible prevaricación y se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público y el aparejador municipal Pedro. M.O., para el que el fiscal reclama, por posible prevaricación urbanística, un año y medio de prisión, y ocho años de inhabilitación.

Según consta en el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide además la demolición de lo indebidamente construido, y la declaración de nulidad de todas las resoluciones contrarias a derecho, entre ellas el convenio urbanístico, o los informes favorables a la concesión de licencias.

En la resolución, de fecha 9 de enero, el magistrado Basilio Miguel García impone una fianza al hermano del alcalde de 150.000 euros y declara como órgano competente de enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Granada.

DENUNCIA DE LA FISCALÍA

La investigación, que se inició en 2007, fue abierta tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra la administración pública tipificado como tráfico de influencias, después de que Maldonado participara en la firma del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, con su hermano como socio.

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2005, cuando el alcalde, Francisco Javier Maldonado, aprobó la firma de un convenio urbanístico, “sin la publicidad legalmente exigida”, y “en perjuicio de las arcas municipales”, ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, uno de los administradores mancomunados de la mercantil firmante Construcciones Cavifer S.L.

Para aprobar el convenio, el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable, creando “una ficción urbanística” en la que Cavifer obtenía la gratuidad total de todas las tasas municipales de la operación urbanística, según la denuncia de la Fiscalía.

Al amparo de dicho convenio, supuestamente ilegal, el alcalde concedió a Cavifer la licencia de obras para construir 19 viviendas y locales comerciales, a pesar de que el técnico municipal había informado de la imposibilidad de conceder tales licencias y de que la por entonces secretaria del Ayuntamiento había advertido de irregularidades. A raíz de ello, el alcalde nombró a un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, anulado años después por el Consejo Consultivo, y le concedió la licencia de obra.