Catalá defiende reformas para combatir la corrupción y una justicia más rápida

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido las reformas judiciales como herramienta para fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción y ha resaltado que el Ejecutivo trabaja para alcanzar una justicia del siglo XXI que sea rápida, de calidad y que cumpla los plazos.

Catalá ha hecho estas consideraciones en un desayuno informativo organizado por el diario Ideal de Granada, en el que ha incidido en la necesidad de trabajar de manera coordinada para fortalecer la justicia como uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

El ministro de Justicia ha reconocido que la legislatura ha estado marcada por el contexto económico y que es más fácil hacer políticas de incentivo que de recortes, pero ha resaltado que la obligación del Gobierno es afrontar los problemas de la sociedad y trabajar para alcanzar una justicia adaptada a este siglo.

Catalá ha subrayado el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción en la que se centra “clarísimamente” un conjunto de reformas y ha considerado que el gobierno que no escuche a la sociedad “se va a equivocar”.

El ministro de Justicia ha explicado que la aprobación del nuevo Código Penal permitirá actualizar el derecho y adaptarlo a la realidad de la sociedad española en materia de corrupción o de la financiación de los partidos políticos, pero también en la protección de menores o en la confianza en las instituciones.

Catalá ha ahondado en la relación entre justicia y economía y ha recalcado que la justicia como pilar del estado de derecho contribuye a la sostenibilidad económica y a la creación de empleo.

Ha explicado que hay más de 20.000 millones de euros “embalsados, de los que no podemos disponer”, por estar relacionados con litigios o reclamaciones y ha destacado que los inversores internacionales no solo analizan el rendimiento de cada país sino que también se fijan en sus garantías jurídicas y los plazos de resolución de conflictos.

Ha apostado por aprovechar el final de la legislatura para aprobar instrumentos que ofrezcan una justicia de calidad y cercana al ciudadano del siglo XXI y ha recalcado que hay que apoyarse en las reformas pero que “la sociedad no se cambia por decreto, las actuaciones tienen que tener impacto” social.

Catalá ha defendido la justicia con un enfoque de servicio público para lograr que sea más cercana y ágil y ha dicho que la reforma de la ley Orgánica presentada en el Congreso de los Diputados pretende agilizar los órganos judiciales con un reparto de tareas para lograr la calidad, la eficiencia y plazos razonables.

El ministro de Justicia ha reiterado que no se modificará la planta judicial aunque sí se ofrecerán instrumentos para reasignar cargas de trabajo y se buscarán mecanismos para lograr una mayor homogeneidad en las resoluciones judiciales.

Catalá ha dicho que el Gobierno no se ha metido en “ningún jardín” al fijar plazos máximos para la instrucción de las causas porque ofrecerán herramientas procesales para lograr cumplirlos.

Ha apostado por el uso de nuevas tecnologías y más medios personales para “hacer realidad la transformación de una administración de papel a la electrónica” y ha considerado que forma parte de un Gobierno que “escucha y acepta críticas”, como demuestra la eliminación de parte de la ley de tasas judiciales.

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Catalá ha dicho que ha llegado el tiempo de “poner en valor” la constitución española que, aunque a su juicio “puede ser mejorada”, ha dado el mayor tiempo estabilidad y calidad democrática.