Órgiva pide a la Diputación un alquiler social para las VPO cerradas desde hace dos años

Actualmente sólo hay ocupadas seis de las veinte viviendas construidas en la primera y única promoción de VPO de Órgiva gestionada por la Diputación de Granada.

Desde mediados de 2013 Órgiva cuenta con una veintena de viviendas en el solar del antiguo matadero que el Ayuntamiento cedió entonces a la Diputación provincial para su construcción. Se trata de la primera y única promoción de VPO con la que cuenta la capital alpujarreña y que fueron construidas a través de VISOGSA, la empresa provincial de vivienda y suelo. No obstante, hasta la fecha sólo hay ocupadas seis de las veinte viviendas construidas, las cuales cuentan con un régimen de alquiler con derecho a compra.

A través de una moción presentada durante la celebración de la pasada sesión plenaria extraordinaria por parte del Grupo Municipal del PSOE, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, PP, PA y LV) solicitar a la Diputación “establecer un alquiler social acorde con las necesidades del pueblo de Órgiva y con los ingresos de las personas que necesitan vivienda”; así como “terminar los bajos del edificio y cederlos al Ayuntamiento de Órgiva como se había acordado.”

La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco (PSOE), por su parte ha agradecido a todos los grupos “el apoyo unánime a la moción”, aunque ha lamentado “la pésima gestión por parte de la Diputación de Granada al permitir que las viviendas sigan cerradas dos años después de su finalización y no hayan hecho nada por solucionarlo, mientras que hay gente en el pueblo que lo está pasando tan mal”. Blanco ha criticado además “el deterioro al que pueden estar sometidas dichas viviendas si siguen sin usarse, así como los bajos que, por cierto, están aún sin acabar.”

Según se recogen en los motivos de dicha moción “a muchas familias, que en su día tenían puestas sus ilusiones en estas viviendas, la situación económica y la falta de recursos por la que atraviesan en la actualidad, les resulta imposible acceder a dichas viviendas debido al alto coste de las rentas que se han establecido, superando incluso a veces el precio de mercado de la vivienda libre”.

La primera edil orgiveña ha denunciado también que “la Diputación, una vez más, lejos de estar al servicio de los ciudadanos, sigue poniendo trabas para conseguir lo que es de justicia y que está establecido por ley, como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, además de que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución española”.

Asimismo la moción aprobada por unanimidad establece dar traslado del acuerdo al presidente de la Diputación provincial de Granada y a los portavoces de los grupos políticos del pleno de ésta.