Todas las reacciones tras la detención de Marina Martín por el caso de los cursos de formación

La exdelegada de Empleo de la Junta Marina Martín ha sido detenida este martes por la Guardia Civil en el marco de la macrooperación contra el supuesto fraude de los cursos de formación ordenada por la jueza Alaya. Declarará, previsiblemente este miércoles en Sevilla. En la actualidad, Martín es gerente del organismo público cultural El Legado Andalusí.

El PSOE de Granada ha destacado hoy la honestidad del trabajo de Marina Martín y ha pedido evitar cualquier “caza de brujas”. La secretaria provincial socialista, Teresa Jiménez, ha asegurado esta tarde que su partido tiene tanto respeto a la Justicia como al principio de presunción de inocencia.

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Desde el Partido Popular, Mari Fran Carazo ha pedido explicaciones urgentes al PSOE al que solicita la destitución de Marina Martín de su cargo público en El Legado Andalusí.

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La parlamentaria electa Ana Vanessa García ha pedido que se pronuncien todos los partidos que han obtenido representación en el nuevo Parlamento donde el PP pedirá una comisión de investigación.

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Desde el PSOE, Teresa Jiménez ha pedido al PP que abandone el cinismo de sus declaraciones y solucione sus problemas antes de hablar.

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La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Marina Martín y ha explicado que al no ser un alto cargo no corresponde al Consejo de Gobierno su nombramiento ni destitución sino a la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación, integrada por la propia Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación, Universidad y otras instituciones. La delegada se ha mostrado convencida de la “inocencia” de Marina Martín.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Otros detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.

Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.

EL CASO, BAJO SECRETO PARCIAL

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la “gravedad” de los hechos y tras detectar distintas “bolsas de fraude” que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación” y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, “y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración”.

En segundo lugar, la instructora aludía a la “existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de ‘Concurrencia no Competitiva’, planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento”, lo que también fue declarado secreto.
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En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, “se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución”.

EL SAE

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero “se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación”, señalando que “del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando”.

En este sentido, indica que, “analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes”.

Todo ello “atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba”.