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Órgiva acusa a Diputación de mantener cerradas 14 viviendas sociales
Mari Ángeles Blanco (derecha) en una imagen de archivo.
La alcaldesa de Órgiva (Granada), la socialista María Ángeles Blanco, ha acusado este martes a la Diputación de Granada de mantener cerradas 14 viviendas sociales en el municipio al “imponer” rentas de alquiler “inasequibles”, que superan, en muchos casos, los precios medios del mercado privado en la localidad.
Blanco ha comparecido acompañada por los diputados provinciales y representantes del grupo socialista en la Empresa Provincial de Vivienda (Visogsa), Fátima Gómez, Manuel Gómez Vidal y Olga Manzano.
La representante socialista ha advertido de que la situación de “bloqueo” para acceder a estos inmuebles se prolonga durante más de dos años por la negativa del gobierno provincial de facilitar precios asequibles.
La regidora, que ha incidido en el importante número de familias con necesidades de vivienda en la localidad, ha explicado que en mayo de 2008, el Consistorio firmó un convenio con la Diputación para la construcción de viviendas de promoción pública, la única promoción de VPO actualmente existente en Órgiva.
Para ello, el Ayuntamiento cedió unos terrenos a la institución provincial ubicados en el antiguo matadero municipal. Las obras arrancaron en 2011 y, apenas un año después, ya estaban finalizadas.
Desde entonces, ya con el PP en el gobierno de la corporación, sólo se han ocupado seis de las veinte viviendas construidas, ya que el precio del alquiler oscila entre los 260 euros, en el caso de las de menos superficie, y los 309 euros, las de mayor tamaño, precios que son superiores en muchos casos a inmuebles de renta libre, ha informado Blanco.
“ABSOLUTO ABANDONO”
La alcaldesa ha acusado además al gobierno provincial de mantener en situación de “absoluto abandono” los bajos comerciales anexos a esta promoción, que permanecen aún “inacabados” y que debían ser cedidos al Ayuntamiento en contraprestación por los terrenos facilitados.
Según ha indicado, el propio Partido Popular de la localidad se ha sumado a una moción del PSOE, apoyada por todos los grupos en el Ayuntamiento de Órgiva, para reclamar a la Diputación un alquiler social acorde con las necesidades del pueblo de Órgiva y con los ingresos de las personas que necesitan vivienda.
También solicitan al equipo de gobierno de la corporación que finalice los bajos del edificio y los ceda al Ayuntamiento de Órgiva, según lo establecido en el convenio suscrito.
“No se trata de una cuestión política, sino de responder a esas familias que acuden al Ayuntamiento para solicitar ayuda por no tener dinero para pagar el alquiler”, ha señalado Blanco, quien ha criticado que el PP haya dejado por el camino las ilusiones de decenas de familias de la localidad.
A su juicio, supone un “sinsentido” que haya 14 viviendas públicas vacías, “cuando la gente lo está pasando tan mal y no tiene en muchos casos ni dónde ir”.
“Los poderes públicos tienen la obligación de responder en un asunto tan trascendental como el de facilitar el acceso a una vivienda digna, ya que se trata de un derecho básico, reconocido por la Constitución”, ha manifestado.
Por ello, ha exigido a Sebastián Pérez que se siente a dialogar con el Ayuntamiento de inmediato para adaptar los precios al bolsillo de las familias y hacer posible que sean utilizadas.
Por su parte, el diputado socialista y representante del grupo provincial del PSOE en Visogsa, Manuel Gómez Vidal, ha exigido al presidente de la Diputación “sentido común” para resolver “necesidades que son básicas”.
Según ha incidido, no tiene ningún sentido tener un patrimonio de viviendas “vacías” cuando las familias tienen tantas dificultades.
De hecho, según ha detallado el representante socialista, la empresa pública Visogsa mantiene un total de 200 viviendas vacías sobre un total de 600.
El diputado socialista ha pedido al presidente de la Diputación que se siente con la alcaldesa de Órgiva y facilite un convenio que permita situar los precios del alquiler según las circunstancias de renta y según los parámetros del mercado público. “No tiene ningún sentido que sigamos dos años así, cuando se trata de simple voluntad política”, ha afirmado.
