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El juzgado de Granada se inhibe a favor de Alaya en el fraude de los cursos de formación
Un juzgado de Granada se ha inhibido a favor de la juez Mercedes Alaya en la investigación de supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a la formación y ha apuntado a la responsabilidad que podrían tener en el presunto fraude los “superiores” de los investigados en cada provincia.
En un auto al que ha tenido acceso Efe el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, Basilio García, se inhibe así a favor del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
García precisa, no obstante, que no enviará la totalidad de los expedientes al Juzgado sevillano hasta que no le comunique que asume la competencia para la instrucción de la causa.
El juez expone que la competencia territorial para la investigación de los hechos corresponde al “núcleo de actuación” de las “autoridades o superiores jerárquicos”, a quienes legalmente correspondía el “control último” de las subvenciones concedidas.
“La división de este supuesto fraude masivo en compartimentos estancos quizá contribuya a un mayor orden o facilidad a la hora de gestionar procesalmente la investigación judicial, pero desnaturaliza artificialmente la realidad de lo ocurrido”, señala en la resolución.
En el auto considera, por tanto, que no puede “recaer en un ámbito provincial determinado” un asunto que en realidad “deviene de esferas de actuación u omisión más amplias”.
Este magistrado, encargado de dejar en libertad con cargos a los detenidos en Granada en la última fase de la denominada “operación Edu”, hace referencia concreta al funcionario J.M.L.S., quien fue responsable en esta provincia del departamento de Formación Profesional Ocupacional.
Entiende el juez que la actuación judicial deberá abarcar los “actos u omisiones” de todos los superiores jerárquicos con competencias en la materia, de modo que la investigación de los hechos relativos a las supuestas defraudaciones y delitos conexos “no finalice” en cada caso en los responsables provinciales.
El juez recuerda que la orden de octubre del 2009 que ordenaba la formación profesional para el empleo en Andalucía y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones era aplicable “en todo el ámbito de Andalucía” y considera “altamente significativo” que en todas las provincias presuntamente se reiteraran las conductas investigadas.
Estas estarían siempre a favor de personas supuestamente relacionadas con personas o cargos “afectos a las administración y más concretamente a un signo político determinado”, recoge el auto.
“No es concebible que el supuesto descontrol y desbarajuste en la concesión de subvenciones y su posterior control económico fuera desconocido por los superiores jerárquicos del responsable provincial investigado y de sus superiores en Granada”, añade.
En definitiva, el magistrado considera “patente” que lo ocurrido en las distintas provincias andaluzas se hubiera podido hacer “a la vista, ciencia y paciencia” de quienes asumieron legalmente la responsabilidad de gestionar y controlar las subvenciones.
