 |
CCOO exige que no se privaticen de las prisiones
El secretario general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, han denunciado hoy la situación de la plantilla de las cárceles en España y ha exigido que se paralice el que considera “proceso de privatización” que se extiende a las 67 prisiones del Estado.
El sindicato está inmerso en un proceso de movilización con el que pretende trasladar al Ministerio del Interior que se paralice el referido proceso de privatización, para lo que ha impulsado la creación de una plataforma “En defensa del modelo público de prisiones”.
Actualmente lleva a cabo un proceso de recogida de firmas con el que ya ha obtenido más de 6.000 rubricas de trabajadores en todo el Estado.
Moreno ha denunciado que la función de vigilancia exterior en las cárceles la lleven a cabo empresas privadas, una contratación que ha supuesto un montante total de 33 millones de euros.
“Se trata de un despilfarro total ya que lo que no puede hacer el Gobierno es predicar austeridad y generar negocio con sus empresas afines”, ha advertido.
El sindicato demanda además una oferta de empleo público adecuada para llevar a cabo un servicio público esencial, como la reinserción de los internos.
La cárcel de Albolote, en Granada, es uno de los centros con mayores problemas de personal en Andalucía y, en los últimos cuatro años, de 31 empleados públicos que se han jubilado, 24 no se han cubierto.
En el ámbito de personal las vacantes superan el 15 por ciento y es “especialmente grave” en el área de vigilancia en la que hay 18 puestos vacantes.
El responsable de la sección sindical de Instituciones Penitenciarias de CCOO en Granada, Gumersindo Torres, ha lamentado que sean el centro penitenciario de España con más denuncias ante la Inspección de Trabajo por requerimientos en materias de Salud Laboral.
El deterioro del mobiliario y las carencias en materia de limpieza debido al poco personal subcontratado son algunos ejemplos.
El sindicato rechaza también la política de Instituciones Penitenciarias que, en vez de abordar los problemas de personal, se dedica a “perseguir” al funcionario utilizando la vía disciplinaria.
