Imputan a Sandra García e Inma Oria por los vertidos de la cárcel

El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha imputado a la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, a la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, por su presunta implicación en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote, a una finca cercana.

Asimismo, considera que también podría tener responsabilidad penal el que fuera delegado de Medio Ambiente y actual parlamentario andaluz Francisco Javier Aragón, si bien no le imputa ningún delito por su condición de aforado.

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado “graves y reiterados daños” en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

El magistrado Miguel Ángel del Arco, en una nueva providencia a la que ha tenido acceso Europa Press y que este martes avanza el diario ‘Ideal’ de Granada, cita a declarar como imputada de los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente a García –también exdelegada de Medio Ambiente– para el próximo 27 de mayo, a las 10,30 horas, y a Oria, por los mismos delitos, el día siguiente, día 28, a las 10,30 horas. Con respecto a Aragón, que fue delegado de Medio Ambiente entre 2008 y 2012, recuerda que es aforado y por tanto acuerda emitir una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA “a los efectos oportunos”.

En el documento, de fecha 15 de abril, el Juzgado señala que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión provincial de Albolote, “y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces”.

El juez incide además que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente “tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua”.

Como consecuencia de ello, “tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias”.

De hecho, considera Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su “anuencia”, se ha “prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR –la depuradora de la prisión–, a la que tienen derecho todos los ciudadanos”.

Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advierte de que “era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

La delegada de la Junta imputada defiende su actuación en Medio Ambiente

La actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha defendido este martes su actuación al frente de la Delegación de Medio Ambiente en la provincia desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2013.

En declaraciones a los periodistas, García ha señalado que aún no ha recibido la providencia del magistrado Miguel Ángel del Arco en el que se le atribuye la posible comisión de los delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente y se le llama a declarar en sede judicial el 27 de mayo, a las 10,30 horas.

La delegada ha indicado no obstante que tiene “la conciencia muy tranquila” por el trabajo que desempeñó como responsable de Medio Ambiente en ese periodo y ha indicado que cuando reciba la notificación la pondrá en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta para que la estudie. “La primera sensación es que las cosas las hice bien como delegada de Medio Ambiente, y también el que me precedió –Francisco Javier Aragón– y la delegada actual –Inmaculada Oria”, también imputados.

“Yo creo en la justicia y la imputación lo que significa es que tendré que hacer una declaración, me defenderé y argumentaré mi gestión ese año”, ha dicho.

El PSOE muestra su confianza en la gestión de Medio Ambiente de la Junta tras la imputación de delegados

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha mostrado este martes su confianza en la gestión de los delegados de Medio Ambiente de la Junta de los últimos años, de los que ha destacado su “honestidad, su capacidad de trabajo y su entrega en el ejercicio de las funciones públicas que tenían encomendadas”.

En un comunicado, Teresa Jiménez ha confiado en que los hechos se esclarezcan “cuanto antes” para disipar todas las dudas “sobre quienes han desempeñado sus funciones de forma correcta”. “Desde el más absoluto respeto al funcionamiento de la justicia, considero que la imputación es una medida desproporcionada, que crea alarma social y confusión”, ha señalado.

La representante socialista ha recordado que cualquier ciudadano tiene el “derecho constitucional a la presunción de inocencia” y ha mostrado su “preocupación” por la creciente “judicialización de los asuntos que forman parte de la gestión cotidiana de los representantes de la Administración pública”.

“No se puede meter a todos en el mismo saco”, ha dicho, y ha pedido diligencia en la instrucción por el coste personal que tiene para los cargos públicos la implicación en una causa penal por un asunto “meramente administrativo”.

Teresa Jiménez ha defendido la actuación de los representantes de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ha subrayado que se trata de una obra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que la Junta no tiene competencias en esa materia desde el año 2011.

El PP exige a Susana Díaz el “cese inmediato” de delegados de la Junta imputados

El PP de Granada ha exigido este martes a la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, el cese “inmediato e inexcusable” de la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y de la delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, después de que hayan sido imputadas.

En un comunicado, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García ha señalado que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía “no tiene otra salida” que retirar de sus responsabilidades “hoy mismo” a las dos delegadas “si no quiere que sus apelaciones a la transparencia y a la rectitud de su gobierno suenen a papel mojado y a anuncios para la galería”.

En opinión de Ana Vanessa García, es “extremadamente grave” que quien tiene la responsabilidad política de “actuar en defensa del medio natural” haga “caso omiso” de reiteradas advertencias sobre sus competencias.

“Directamente los responsables de Medio Ambiente de la Junta miraron para otro lado, actitud que parece ser que ser la de un alto porcentaje de los altos cargos de la Junta: mirar para otro lado y hacer oído sordos cuando se comete una irregularidad y cuando reciben advertencias de la misma”, ha dicho Ana Vanessa García.

Ana Vanessa García, que también ha exigido al PSOE de Granada un pronunciamiento “sobre un caso más de los que salpican a altos dirigentes socialistas de la provincia”, ha puesto sin embargo el foco en el propio Consejo de Gobierno al recordar que el juez apunta las posibles responsabilidades de la Junta “en relación con la depuradora que da servicio a la prisión”.

A juicio del PP, en última instancia, lo ocurrido en los términos municipales de Colomera y Albolote con los vertidos de la prisión provincial “no es si no la punta del iceberg” de un gran escándalo relacionado con la no ejecución de las infraestructuras de depuración de agua en la provincia.