La Fiscalía Provincial de Granada ha archivado la denuncia por prevaricación presentada por la presidenta del PP local, Mamen Castillo, contra el alcalde y la Junta de Gobierno Local. La denunciante veía prevaricación en la concesión de la licencia de apertura al supermercado que hay frente al Ayuntamiento, otorgada en noviembre de 2013. Ahora, la Fiscalía Provincial concluye que no puede haber prevaricación cuando la licencia de apertura del establecimiento, solicitada el 14 de febrero de 2013, fue concedida con los informes favorables del aparejador municipal, del secretario del Ayuntamiento, del ingeniero técnico industrial y del ingeniero técnico municipal.
“No puede decirse con ello que la actuación de la Junta de Gobierno Local integre el delito de prevaricación por el que ha sido denunciada conforme a los parámetros que jurisprudencialmente son exigidos”, declara la Fiscalía, antes de concluir el archivo de la denuncia.
El pasado 2 de marzo, Maria del Carmen Castillo Soto, presidenta del Partido Popular de Peligros presentó la denuncia contra el alcalde y la Junta de Gobierno Local estimando que habían prevaricado al conceder la licencia al supermercado.
El periódico Ideal se hizo eco de la denuncia de Mamen Castillo, que había dado una rueda de prensa para informar de la misma, y, a continuación, el alcalde emitió un comunicado para tranquilizar a los vecinos afectados aseverando que el edificio no corría ningún peligro.
El alcalde, Roberto García, vio interés político en los hechos. “Los concejales populares prefieren generar ruido antes que hacer su trabajo y pedir información en el Ayuntamiento, que es su casa”, dijo entonces el alcalde.
Tras conocer el archivo de la causa, Roberto García ha afirmado que se trata de “un nuevo varapalo para el PP de Peligros, que trata de hacer política en los juzgados, en vez de aportar ideas y propuestas para el pueblo”. Según el alcalde, “ya pasó con la escuela infantil, con el Bachillerato, y vuelve a pasar con la licencia del supermercado: el Partido Popular trata de crear un escándalo y se da de bruces contra la realidad”.
En aquellos casos, añade el alcalde, “los principales afectados eran la comunidad escolar, las familias con niños de 0 a 3 años, los estudiantes de bachillerato”, y “ahora, se trata de un negocio familiar, con varias personas trabajando en el mismo, que ven con alarma cómo la presidenta del PP judicializa los asuntos buscando réditos políticos”.