El Arzobispado emplaza al juez a pedir al Vaticano toda la documentación

El Arzobispado de Granada ha emplazado al Juzgado de Intrucción 4 de Granada, que investiga el llamado ‘caso Romanones’ sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, a solicitar al Vaticano toda la documentación de la que dispone, remitiéndose a la “legislación canónica aplicable”.

Así ha respondido a la última petición que el magistrado Antonio Moreno hizo el pasado el pasado 7 de mayo, a través de una providencia en la que señalaba que el Arzobispado de Granada había omitido en la información que hasta entonces le había facilitado “las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión” de los acusados, conminándole a que la entregara.

En un comunicado, la Diócesis informa de que en un escrito firmado por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, éste le señala que ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y ha aportado “cuanta información” se le ha solicitado desde el primer momento, e incide en que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento de los tribunales, puesto que al ser ya mayor de edad, la denuncia sólo podía ser formulada por él.

Tras eso, “se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia íntegra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración”, mantiene el Arzobispado, que añade también que, “de acuerdo con la legislación canónica aplicable”, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, “la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos”.

“Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia”, afirma el arzobispo, que se ofrece, en ese sentido, a solicitar “las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente”.