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Piden 4 años de cárcel a uj promotor por estafa en la venta de viviendas
La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para el representante legal de una empresa que en el 2003 promovió un complejo de apartamentos turísticos en Alpujarra de la Sierra y al que acusa de un delito agravado de estafa.
Además de la pena de prisión, Pedro F.A. se enfrenta a una petición de multa de 9.900 euros, según detalla la acusación pública, que también acusa a un arquitecto municipal, José T.M. de un delito contra la ordenación del territorio por el que le solicita un año y medio de prisión e inhabilitación para su empleo o cargo público durante nueve años.
Según el relato recogido en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el acusado Pedro F.A., como representante legal de la mercantil Proturex SL, durante el año 2003 promovió la construcción de un complejo de apartamentos turísticos en la localidad Alpujarra de la Sierra (Granada).
Todo ello, explica el fiscal, con perfecto conocimiento de que las viviendas edificadas carecían de los servicios básicos de suministro ordinario de agua y luz.
Esto impedía que los inmuebles pudieran destinarse al fin convenido y, guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito, ocultó las indicadas deficiencias a los adquirientes y procedió a la venta y posterior entrega de 44 viviendas durante el año 2005.
El Ayuntamiento concedió licencia de primera ocupación para las citadas viviendas al amparo del informe del también acusado José M.T. en su calidad de arquitecto municipal que, mediante escrito de fecha 14 de abril del 2005, informó de forma favorable a la misma.
Todo ello fue, según el fiscal, con perfecto conocimiento de que los apartamentos no disponían de los elementos necesarios para habilitarse al uso pretendido y que los suministros de agua y energía eléctrica no se encontraban en condiciones de funcionamiento.
De esta forma se contravino la legislación vigente y se facilitó de esta manera la “defraudación” al otorgar la apariencia de legalidad a los apartamentos enajenados.
La realización de las obras de instalación de la red eléctrica de baja tensión fueron finalmente realizadas y costeadas por los propietarios perjudicados en el año 2008, por un importe total de más de 43.000 euros.
Como consecuencia de los hechos, los perjudicados y la comunidad de propietarios han sufrido un detrimento patrimonial valorado de forma pericial en su conjunto la cantidad de 197.070 euros.
Los dos acusados serán juzgados en la Sección Primera de la Audiencia de Granada a partir del próximo 30 de junio.
