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Aprobado el plan para salvaguardar la costa andaluza de la presión urbanística
El Consejo de Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde al decreto por el que se aprueba el plan de protección del corredor litoral de Andalucía, que tiene como objetivo garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera.
El plan fija los criterios y objetivos a los que tiene que atenerse el planeamiento municipal, sobre todo en lo relativo a la franja costera comprendida en los primeros 500 metros de la costa.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha dicho, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la “vulnerabilidad ambiental” de la franja costera es “más que evidente”, de ahí la “idoneidad” del plan aprobado hoy, con el que se “prima” la calidad del crecimiento urbanístico sobre la cantidad”.
La consejera ha resaltado que durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 % de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 % de mediados del siglo pasado.
La elaboración de este plan, que garantizará la “total” preservación del 55 % de la franja costera andaluza, figuraba en el decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a las exigencias de sostenibilidad, con el fin de preservar los espacios no urbanizados del litoral frente a la presión urbanística.
La titular de Medio Ambiente ha destacado que la Junta aprueba este plan “con una visión de futuro, a medio y largo plazo”, y ha señalado que la “colmatación” que ha sufrido el litoral “obliga a seguir poniendo en valor políticas que lo preserven”.
“Merece la pena hacer un último esfuerzo para cerrar el paso a la especulación”, ha razonado la consejera, que ha recordado que con este plan se “impiden” proyectos como El Algarrobico, en el litoral almeriense, o el de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz).
El nuevo instrumento de planificación fija los criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales.
El objetivo central se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección.
Este espacio, que ocupa un 9 % de la superficie de Andalucía y acoge al 40 % de su población, se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.
El Gobierno andaluz pretende frenar las previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales.
El documento establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios costeros.
El desarrollo del plan no afectará al normal funcionamiento del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento, según la consejera.
De hecho, en la franja de los 500 metros existe capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas, ha detallado.
Durante el periodo de elaboración del Plan de Protección, que arrancó con el decreto ley de 2012, la Junta ha mantenido la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Entre otras exigencias, esta planificación básica limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30 % de la población y en un 40 % del territorio.
Para la elaboración de este instrumento de planificación territorial, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha analizado los 918 escritos presentados y las 3.547 alegaciones formuladas por los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, universidades y ciudadanos, y un 35 % ha sido incorporado a la redacción final.
De los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan, han presentado alegaciones 48, además de las diputaciones provinciales de Málaga y Granada, mientras que el 55 % del total han sido planteadas a nivel particular por ciudadanos.
