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Ultimátum judicial al arzobispo
El juez que instruye los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores ha dado un plazo de tres días al arzobispo de Granada para que le remita la documentación íntegra que obre en su poder sobre este asunto y recuerda al prelado Javier Martínez que el propio papa le pidió que colaborara con la justicia.
Esta nueva petición se produce después de que el arzobispo respondiera a un requerimiento anterior del titular de Instrucción 4 de Granada que la investigación canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
“Escudarse ahora, después de mas de seis meses en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sí tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación”, ha advertido ahora el juez.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma, señala que en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial o de denegación de auxilio a la justicia, respecto a lo que se librarían los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades.
El juez indica además que está “bajo apercibimiento de incurrir en falsedad” si no fuera cierto que no cuenta con la documentación solicitada de forma reiterada y pide al arzobispo que le remita “copia” del decreto emitido, en su caso, por la Congregación para la Doctrina de la Fe y la fecha en su este se hizo.
Esta nueva decisión judicial, fechada hoy mismo, reitera la providencia del pasado 7 de mayo y concreta las consecuencias de su incumplimiento, después de que en las sucesivas documentaciones remitidas por el Arzobispado se “omitieran” las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico.
El instructor entiende que “necesariamente” deben de “obrar de forma escrita” a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado.
El juez ha justificado su decisión de querer contar con esas primeras declaraciones de los imputados en la “cercanía temporal” con la denuncia eclesiástica que hizo en un primer término el denunciante inicial de los hechos y ha insistido en que lo que solicita es “licito y pertinente”.
“No supone merma alguna del derecho de defensa o la dignidad de las personas afectadas, mas allá de la afectación que supone cualquier imputación penal”, ha añadido.
Por otra parte, frente a lo alegado en el escrito remitido por el arzobispo de Granada respecto a que la documentación íntegra se le ha requerido “por primera vez”, el instructor indica que “nada” está “más lejos de la realidad”.
“Mal puede pues hablarse ahora de desconocimiento anterior de lo solicitado, ni que lo haya sido por primera vez, ni de secreto de actuaciones eclesiásticas”, ha apostillado el juez, que recuerda que el Santo Padre dejó “clara” su colaboración en este caso, sin que el secreto “no confesional” pueda salvaguardar documentos relativos a delito “muy graves” y que el propio papa Francisco ordenó perseguir.
El juez señala que el asunto no está “judicializado eclesialmente” sino en vía administrativa canónica y que se le deben remitir las declaraciones de los diez sacerdotes denunciados y de los dos laicos, “sin que este hecho afecte al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los imputados”.
En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.
