La Audiencia de Granada ha celebrado hoy el juicio contra el director de una entidad bancaria acusado de utilizar su cargo para hacer movimientos sin consentimiento de sus clientes y apropiarse de más de 2,5 millones de euros, que ha aceptado dos años de cárcel y pagar 2,6 millones de euros estafados.
Un acuerdo entre las partes ha reducido la petición inicial de pena de la Fiscalía, que solicitó cuatro años y medio de cárcel para Francisco C.R., acusado de aprovechar su condición de director de una sucursal de CajaGranada en Ugíjar para satisfacer sus “anhelos de enriquecimiento patrimonial ilícito”.
El imputado actuó como director de la caja desde 1998 a 2006, por lo que contaba con las facultades y autorizaciones necesarias para realizar operaciones al más alto nivel y diseñó, según el Ministerio Público, una “ingeniería financiera” para disponer de las cantidades que ingresaban los clientes.
Realizó cargos indebidos en cuentas, concedió operaciones e intervino cuentas para hacer pagos, traspasos o contratar productos sin el consentimiento de los afectados, para lo que llegó a imitar la firma de sus clientes.
La denuncia de un afectado provocó una auditoría interna de la entidad, que descubrió una doble contabilidad y las operaciones irregulares, tras lo que el acusado fue despedido por motivos disciplinarios en enero de 2006.
La Fiscalía ha mantenido hoy la calificación de los hechos como un delito continuado de apropiación indebida en concurso con otro, también continuado, de falsedad en documento mercantil.
Ha incluido para la reducción de la condena las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el juicio, por lo que ha pedido la condena a dos años de cárcel que ha aceptado el acusado y el pago de una multa de 480 euros.
El acuerdo entre las partes incluye además un calendario de pagos en concepto de indemnización por el que el director de la caja devolverá 2.649.457 euros por los movimientos bancarios que perjudicaron a al menos 28 clientes de la entidad.
Lo hará por consignación judicial y entregará en los próximos quince días 150.000 euros, otros 250.000 que deberá abonar antes del 1 de septiembre y así hasta cubrir la totalidad del dinero acordado judicialmente.
Su abogado ha interesado además que el juzgado le permita disponer de sus bienes patrimoniales, actualmente embargados, para afrontar el pago en un juicio que ha quedado visto para sentencia.