Las competencias sobre los vertidos de la cárcel eran del Ministerio, dice Sandra García

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, imputada por los vertidos de aguas fecales procedentes de la cárcel de Albolote, ha defendido hoy su inocencia y ha asegurado que la Junta carecía de competencias en la materia durante los hechos porque eran del Gobierno central.

García ha hecho estas consideraciones a los medios antes de declarar en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada que se encarga de analizar los vertidos de aguas fecales a una finca procedentes de una depuradora de la prisión de Albolote (Granada).

La delegada del Gobierno andaluz en Granada está imputada por sus responsabilidades durante el tiempo que ejerció de delegada provincial de Medio Ambiente y hoy se ha mostrado convencida de que la causa se archivará “y no va a llegar a ningún sitio en lo que a la Junta se refiere”.

Los vertidos fueron denunciados en 2010 por un particular que aseguró que, desde 1997, su finca, ubicada junto a la prisión provincial, había sufrido graves daños por vertidos procedentes de la cárcel que han afectado además al cauce del arroyo El Juncal.

En la causa están también imputados diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), técnicos encargados de la depuradora de la que salieron los vertidos, cargos de Instituciones Penitenciarias y responsables de la cárcel de Albolote.

García ha detallado antes de prestar declaración que se trata de diligencias previas y que explicaría al titular de Instrucción 6 que la Junta de Andalucía dejó de tener competencias en el control de los vertidos en octubre de 2011, momento en el que pasaron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

“No hay pues responsabilidad y entiendo que la justicia será justa. Cualquier información que llegó se mandó tal cual al juzgado porque entendimos que no éramos competentes, y también a la administración del Estado”, ha apuntado García, que ha defendido “al cien por cien” su actuación.

Ha recalcado que no hizo nada contrario a lo apuntado por los informes técnicos y jurídicos de la delegación de Medio Ambiente que dirigía y ha defendido además la actuación de la actual delegada provincial del área, Inmaculada Oria.

Oria declarará mañana también en calidad de imputada por los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

El titular de Instrucción 6 apuntó en un auto de abril que Oria y García conocían las “múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011” contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra la Junta y argumentó la presunta comisión de delitos en su falta de actuación y control.