El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha rechazado hoy cualquier responsabilidad de la administración central en los vertidos de aguas fecales procedentes de la cárcel de Albolote que investiga un juez al no tener el Gobierno competencias en materia medioambiental en Andalucía.
El subdelegado respondía así a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que ayer declaró en calidad de imputada por esta causa y, tras defender su inocencia, aseguró que la Junta carecía de competencias en la materia durante los hechos porque eran del Gobierno central.
Pérez ha señalado hoy por su parte que, al margen de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir perteneciera o no en ese momento al Gobierno central, “es evidente que hay unas competencias por encima de la confederación que son las medioambientales y que afectan a la Junta”.
En cualquier caso, ha deseado que se aclare todo lo relacionado con un asunto que en su opinión se ha “desmadrado” porque entiende que se ha imputado a personas que no cree que debieran estarlo.
“Pero es una decisión que no me compete, yo tengo que respetar la decisión del juez, que habrá valorado la responsabilidad que tiene cada uno”, ha agregado el subdelegado tras confiar en que de esta situación “nadie salga mal parado”.