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Piden el cese del secretario de Instituciones Penitenciarias por los vertidos de la cárcel
El sindicato Acaip ha solicitado el “cese inmediato” del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, porque asegura que está citado como imputado en la causa de los vertidos de aguas fecales de la cárcel de Albolote.
En el escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno en Granada, al que ha tenido acceso Efe, la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) señala que el pasado 16 de junio el Juzgado de Instrucción 6 de Granada dictó un auto por el que se imputaban a Yuste supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el medioambiente.
Según este sindicato, el juez ha ordenado en esa misma resolución que primero se proceda a la citación para el interrogatorio por los policías judiciales en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y posteriormente declare ante el Juzgado.
“De la lectura del auto se desprende claramente y así lo ha entendido el juez que los hechos revisten indiciariamente delitos y que son imputables a Ángel Yuste”, ha señalado Acaip, que ha recordado que todos ellos están en relación con los vertidos del Centro Penitenciario de Albolote que pueden haber producido unos daños medioambientales denunciados cuando menos desde el año 2009.
En el mismo auto se hace referencia, añade el sindicato, a la supuesta inactividad de la institución, que se habría limitado a anunciar reformas de la depuradora que nunca se efectuaron.
El escrito de Acaip fue presentado días después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había archivado las actuaciones iniciadas contra el parlamentario y exdelegado de Medio Ambiente en Granada, Francisco Javier Aragón, acusado de prevaricación y un delito contra el medio ambiente por los vertidos de aguas fecales de la cárcel de Albolote.
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que trasladó la causa al alto tribunal por la calidad de aforado del exdelegado, investiga los vertidos de aguas fecales procedentes de la prisión de Albolote y denunciados en 2010 por un particular.
El denunciante aseguró que, desde 1997, su finca, ubicada junto a la cárcel provincial, había sufrido graves daños por vertidos procedentes del centro penitenciario que han afectado además al cauce del arroyo El Juncal.
Durante el mes de junio, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y la responsable provincial de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, declararon ante el juez instructor en calidad de imputadas y mantuvieron que las competencias en la materia eran del Gobierno central.
En la causa están imputados diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), técnicos encargados de la depuradora de la que salieron los vertidos, cargos de Instituciones Penitenciarias y responsables de la cárcel de Albolote.
