AUDIO: El PP pide a la Diputación que recurra la sentencia que anula el “tasazo” de la basura

José Robles recuerda que la implantación de la ordenanza estuvo avalada por los informes de los técnicos, interventor, secretario y tesorero de la Institución. El PP desvela que existe una sentencia del Supremo que da la razón al Ayuntamiento de Madrid ante un caso similar al de la Diputación de Granada.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, ha matizado esta mañana que la actuación que debe acometer el nuevo Gobierno provincial ante la sentencia del TSJA que anula la ordenanza de la tasa de tratamiento de residuos de mayo de 2013 es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “Apelamos a la responsabilidad del Gobierno de la Diputación para que presente este recurso, puesto que la sentencia no es firme y la implantación de la tasa de tratamiento contó con el beneplácito de técnicos, interventor, secretario y tesorero de la Institución, que avalan su aplicación”, ha señalado.

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Robles ha hecho alusión a la intención del actual equipo de la Diputación de Granada de aprobar un dictamen en relación a la tasa de tratamiento de residuos. “Desde el Partido Popular, les decimos que ese dictamen ya lo tienen, como son los informes favorables de los técnicos de mayor rango de la Institución. No obstante, no creo que el Gobierno de José Entrena tome como primera medida llevar a la Diputación a la inestabilidad presupuestaria si no se garantiza que la basura se siga tratando”.

A juicio del portavoz del grupo popular, lo más “sensato y responsable” es presentar dicho recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se refirió a una sentencia previa en la que el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Madrid ante un caso similar al de la Diputación de Granada. “Es bastante probable que también el Tribunal Supremo dictaminara de forma favorable ante el recurso de la Institución Provincial”.

En este sentido, ha recordado que la ordenanza ahora anulada por el TSJA fue derogada por el Gobierno provincial en diciembre de 2013 y que la tasa que ahora mismo se aplica no tiene recurso alguno en contra. “La sentencia no anula la ordenanza en vigor, aunque hay que reconocer que la actual recoge elementos que juzga el TSJA, como es el valor catastral. Aunque la sentencia no dice en ningún momento que no sea un sistema correcto para calcular la tasa de tratamiento de residuos, lo que sí indica es que la elección del valor catastral como criterio a seguir no está formalmente documentado en el expediente”, ha subrayado José Robles.

El portavoz del grupo popular ha aclarado en este punto que el valor catastral es, a su juicio, el segundo sistema más justo para establecer la tasa. “El primero es calcular los residuos que genera cada vivienda, pesando la basura en cada uno de los domicilios de la provincia de Granada, algo completamente utópico. Sin embargo, el valor catastral de los inmuebles pondera la capacidad económica de los contribuyentes”.

La Diputación de Granada, bajo el mandato del Partido Popular, aplicó en julio de 2013 la tasa de tratamiento de residuos para contrarrestar la “monumental” deuda que acumulaba la extinta Resur, consorcio gestor de los residuos en la provincia de Granada, de 25 millones de euros en el año 2011, “y que hubiera alcanzado los 40 millones de euros al finalizar el mandato de no haberse tomado medida alguna”.

Robles ha recordado que fue la Intervención Provincial quien advirtió al entonces presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, que de no tomar medidas se podía incurrir en un delito de responsabilidad penal. La decisión de implantar una tasa provincial nace fruto de un estudio previo sobre cómo se gestionaba el servicio público en Andalucía y otras comunidades, donde la tasa era el sistema que se aplicaba en la gran mayoría. “Las ordenanzas no las hacen los políticos, sino los técnicos”, ha apostillado José Robles en relación a los informes favorables con los que contó la tasa por parte de funcionarios, Intervención, Secretaría General y Tesorería, además de con una sentencia del Tribunal Supremo que avala el sistema que acoge la Diputación Provincial.