Junta y Diputación de Granada acuerdan consolidar los servicios sociales en la provincia

La Junta de Andalucía y la Diputación de Granada compartirán esfuerzos para consolidar los servicios sociales de la provincia. Así lo han señalado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el presidente de la institución provincial granadina, José Entrena Ávila, quienes han mantenido hoy un encuentro para reafirmar dicho compromiso.

Sánchez Rubio ha reiterado el importante papel de las entidades locales en el desarrollo de las políticas sociales en Andalucía, y ha recordado que la Junta de Andalucía consolidará mediante una nueva ley el sistema público de servicios sociales como derecho de la ciudadanía, que estará basada en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso, para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas.

Por ello, el Gobierno andaluz seguirá apostando por los servicios sociales, como ha venido haciendo estos años con la Diputación de Granada. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado el esfuerzo del Gobierno andaluz por contribuir al Plan Concertado de 2015 de la corporación provincial. En este sentido, Sánchez Rubio ha señalado que la aportación estatal se ha reducido en un 68% desde el año 2011.

Asimismo, la máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que, en lo que va de año, el Gobierno anda-luz ha destinado a la Diputación Provincial de Granada 18,4 millones de euros para programas y recursos sociales, en especial para el servicio de ayuda a domicilio, de los que se benefician más de 7.000 personas, de las que 4.300 pertenecen a municipios inferiores de 20.000 habitantes. En la provincia de Granada hay más de 19.400 personas en situación de dependencia, de las que 11.600 pertenecen a municipios inferiores de 20.000 habitantes.

De los recursos sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Diputación de Granada, se benefician más de 11.600 personas, aparte de las 15.400 prestaciones concedidas a municipios de menos de 20.000 habitantes. La corporación provincial granadina, por su parte, tiene concertadas 271 plazas siendo 112 para personas mayores y 159 para personas con discapacidad.

Además, la consejera ha realizado balance de las medidas des-arrolladas en el Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía en la provincia de Granada, gracias al cual se han realizado más de 3.100 contratos. A través del refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano se habrán beneficiado 2.900 menores.

En cuanto a las ayudas económicas familiares, a través de convenios con entidades locales, más de 1.400 menores se beneficiaron de dichas ayudas. Por otra parte, en la provincia de Granada hay 23 centros de participación activa de titularidad de la Junta de Anda-lucía, con más 73.100 personas asociadas que han realizado más de 16.400 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.

A su vez, María José Sánchez Rubio ha recordado que en 2014, y a través de distintos programas y recursos, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha destinado 36,3 millones de euros a la Diputación de Granada.

Pacto Andaluz por la Accesibilidad

Por último, la máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha pedido a la institución provincial granadina que se adhiera al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, una iniciativa cuyo objetivo es que todos los municipios andaluces aprueben ordenanzas municipales de accesibilidad. En este sentido, Sánchez Rubio ha señalado que actualmente hay 117 municipios adheridos de los que sólo 7 son de Granada (Alhama de Granada, Cúllar, Juviles, Huétor Vega, Montejícar, Benalúa y Marchal) sobre un total de 172 existentes en la provincia.

El Pacto Andaluz por la Accesibilidad se remonta al año 2012. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto con la de Fomento y Vivienda, y la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promovieron la firma de este Pacto con el objetivo de lograr una mayor implicación de las diferentes entidades involucradas en esta materia para establecer estrategias de actuación comunes para todas las partes implicadas.