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Condenan al exjefe de Policía de Pinos Puente por falsear un atestado
La Audiencia de Granada ha condenado a 22 meses de cárcel al jefe de la Policía Local de Pinos Puente, acusado de un delito de falsedad documental por redactar un atestado ficticio con la firma imitada de otros agentes sobre el accidente que sufrió cuando conducía en estado de embriaguez.
Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, los hechos se iniciaron el 5 de julio del 2012 cuando el acusado, Antonio O.G., en aquel momento jefe de la Policía Local de Pinos Puente, se estrelló con su vehículo contra la fachada de una vivienda del municipio.
Dos agentes policiales recordaron durante el juicio que sobre las 16.00 horas de ese día acudieron a un restaurante del municipio, tras la llamada del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, para recoger al condenado y llevarlo a su domicilio porque presentaba una “intoxicación etílica”.
Los dos mismos agentes, que estaban de servicio, recibieron sobre las 19.45 horas del mismo día otra llamada del concejal, que había tenido conocimiento de que el jefe de la Policía Local se había estrellado con su vehículo particular contra la fachada de una vivienda de Pinos Puente.
Los agentes comprobaron los datos en la fachada y se desplazaron hasta la vivienda del ahora condenado, donde encontraron su vehículo con una rueda reventada y otros daños en la parte delantera, por lo que hicieron su informe policial.
Días más tarde, entre el 7 y el 8 de julio, el condenado aprovechó “su condición de Oficial Jefe” de la Policía para rellenar un atestado ficticio sobre lo ocurrido en el accidente y para el que falsificó las firmas de los dos agentes de servicio en el momento de los hechos, según la sentencia.
La Audiencia de Granada ha considerado probado que el jefe policial cometió un delito de falsedad en documento oficial con el agravante de prevalimiento por el carácter público de su empleo, por lo que lo ha condenado a 22 meses de cárcel.
La sentencia, contra la que cabe recurso, incluye el mismo periodo de inhabilitación para el cargo público y el pago de una multa de 1.800 euros.
La acusación popular, que ejerció uno de los agentes cuya firma fue falsificada y representado por el abogado Rafael López Guarnido, solicitó durante el juicio una condena de cuatro años de cárcel frente a la libre absolución que pidió el letrado del ahora condenado.
