El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que se reunió el pasado 30 de julio no sólo con representantes del Centro Albayzín, sino también con representantes del resto de Consorcios Escuela de Andalucía, ha anunciado que abrirá una investigación de oficio sobre la situación de los empleados de estos consorcios, y trasladará a las Consejerías con competencias en la materia, las demandas de estos trabajadores por el impago de las nóminas pendientes (de entre dos y 16 meses de retraso, 13 nominas en el caso del centro de Granada) y así como su incertidumbre con respecto a la actividad para el próximo curso. UGT considera que las gestiones que el Gobierno Andaluz está llevando a cabo para cambiar el modelo de financiación de estos Centros, no pueden ser excusa para obviar el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto a derechos elementales de los trabajadores de estos Centros, como es el pago de sus salarios.
Silvia Rescalvo, Secretaria General de la Sección Sindical de UGT en el Centro Albayzín, ha informado que en la reunión, Jesús Maeztu, anunció que abrirá una investigación de oficio sobre la situación de los empleados de los consorcios escuela y trasladará a las Consejerías con competencias en la materia, las demandas de estos trabajadores por el impago de las nóminas pendientes y su incertidumbre con respecto a la actividad para el próximo curso.
La representante de UGT ha explicado que el Defensor del Pueblo Andaluz, también mostró su confianza en que la gestión anunciada por la Junta de Andalucía para asumir estos Consorcios-Escuela por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, permita que estos centros pasen a ser financiados directamente a través de transferencia de presupuesto, en lugar de serlo por subvenciones y esto suponga una garantía para la continuidad de estos trabajadores y de la actividad que desempeñan en la formación profesional para el empleo en Andalucía.
Para la representante de UGT, es fundamental resolver cuanto antes la situación por la que están pasando estos entes instrumentales de la Junta de Andalucía para terminar con la pérdida de derechos sociales que están sufriendo estos trabajadores públicos, que se están enfrentando a auténticos dramas personales y familiares. La ugetista concluye señalando que considera que las gestiones que el Gobierno Andaluz está llevando a cabo para cambiar el modelo de financiación de estos Centros, no pueden ser excusa para obviar el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto a derechos elementales de los trabajadores de estos Centros, como es el pago de sus salarios.