La Fiscalía ordena a la Policía investigar una operación urbanística y que declare Torres Hurtado

La Policía ordena investigar al alcalde de Granada y a dos concejales por la construcción del pabellón Mulhacén. La denuncia parte del empresario Ramón Arenas, dueño del terreno colindante por la supuesta pérdida de 300 metros en su parcela y por la presunta alteración de la calificación del suelo para uso deportivo. El ministerio público pide a la policía interrogar sobre este asunto al alcalde, José Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, así como a ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada y al constructor Roberto García Arrabal, quien obtuvo la concesión administrativa. Para la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.

Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana uno de los ediles investigados. El concejal de Economía de la capital, Francisco Ledesma, admite que hay una ocupación de una parte del solar pero ha dicho que espera el archivo de la denuncia y ha acusado al empresario Ramón Arenas de tratar de especular con el Ayuntamiento. Según Ledesma, adquirió los terrenos por 400.000 € para una escuela municipal y luego laos intentó revender.

Esa hipoteca, según Ledesma, impidió que el empresario devolviese el solar al Ayuntamiento a cambio de su importe inicial, y después presentó una denuncia en la que reclama una indemnización de seis millones de euros. Ledesma ha admitido que se produce un error en la medición de la parcela, y rechaza que se produjese una ocupación voluntaria.

El alcalde Torres Hurtado ha dicho a través de un comunicado que espera el archivo de la investigación penal, siendo en todo cosa más oportuno un recurso civil al tratarse de un defecto en la medición de la parcela.