 |
La Junta y el Arzobispado de Granada agotarán los recursos contra la readmisión del profesor apartado
La Consejería de Educación y el Arzobispado de Granada agotarán todos los recursos previstos en la ley contra el fallo judicial que ha ordenado la readmisión del profesor de Religión que fue detenido en noviembre en el marco de la investigación judicial por supuestos abusos sexuales a menores.
Fuentes de Educación y del Arzobispado de Granada han informado hoy a Efe de que este docente, que impartía clases desde 2005 en un Instituto de Educación Secundaria del municipio granadino Dúrcal, no se ha reincorporado a sus funciones este curso, cuyas clases se han iniciado esta misma mañana.
El delegado de Educación de la Junta ha dicho hoy esto sobre el asunto:
.
Tanto la administración educativa como el arzobispado han recordado que, desde que tuvieron conocimiento de la investigación judicial abierta por supuestos abusos sexuales, al demandante le fue retirada la “idoneidad” imprescindible para impartir Religión y Moral Católica, algo que se mantiene en la actualidad.
De hecho, la Junta y el Arzobispado, que ya han recurrido la sentencia del Juzgado de lo Social Número 1 de Granada que declaró la nulidad del despido del profesor por vulneración de derechos fundamentales, han anunciado que agotarán todas las vías judiciales previstas frente a la reincorporación del docente.
El fallo, además de condenar a la Consejería de Educación a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir desde el pasado 25 de noviembre, ordenó que tanto la Junta como el Arzobispado le indemnizaran con la suma de 6.000 euros por los daños morales causados.
El profesor fue despedido después de que la Delegación de Educación pidiera su sustitución mediante la revocación de su declaración de idoneidad para dar clase, aspecto este último que correspondía al Arzobispado.
La petición fue formulada por la administración educativa tras tener conocimiento de que el docente había sido detenido por orden judicial en el marco de la operación iniciada por denuncia de abusos sexuales a menores.
Dada la gravedad de los hechos denunciados, condenados de forma directa por el papa Francisco, la Junta entendía que el profesor no debía continuar ejerciendo su labor por las “situaciones conflictivas” que ello generaría en el centro, sin perjuicio del resultado del procedimiento judicial y con respeto a la presunción de inocencia.
Aplicando distinta jurisprudencia al caso, la jueza consideró que debía declararse la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia hacía referencia asimismo al proceso al que se ha visto sometido el trabajador, con afectación en lo personal y en lo profesional, con descrédito hacia sus compañeros, “perjuicio” que cree que ha de ser indemnizado al existir vulneración de derechos fundamentales.
Precisamente, la Audiencia de Granada tiene previsto reunirse esta mañana para votar y fallar sobre la prescripción de la causa para once de los doce imputados en el proceso penal sobre supuestos abusos sexuales y algunos de los delitos imputados al padre Román, considerado el cabecilla del grupo.
El tribunal provincial deberá decidir si han prescrito los supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y el profesor investigados desde octubre del 2014, como consideró el juez instructor en contra de la postura de las acusaciones particular y popular.
La investigación judicial se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado.
Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17 años.
