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El patrimonio de “los romanones” es de origen lícito, según la Policía
El informe patrimonial incorporado a la investigación judicial por supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en Granada no ha observado “ningún indicio o evidencia” relativo a un posible “origen fraudulento o ilícito” de los bienes y el patrimonio del denominado “Clan de los Romanones”.
Este informe, elaborado por el Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía y a cuyas conclusiones ha tenido acceso Efe, ha sido incorporado como pieza separada a la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno.
La investigación, apoyada en numerosos documentos patrimoniales, notariales, bancarios y personales, ha concluido que los religiosos investigados conforman “una unidad económica” en la que la mayor parte de sus bienes, fortuna y patrimonio, cuentas bancarias, activos financieros y acciones, están “puestos en común”.
La Policía ha observado también en ellos una “gran capacidad de ahorro”, un “escaso gasto o nulo gasto”, además de “una buena gestión” del ahorro y reinversión de sus capitales, según recoge el informe.
El análisis advierte de que, del conjunto de la “capacidad adquisitiva” del grupo, se evidencia que el patrimonio titularidad de esa comunidad, unido al adjudicado por sucesiones y “salvo mejor criterio”, sería “compatible” con los ingresos derivados de los rendimientos de su trabajo.
Al respecto, señala que se observan unos ingresos conjuntos anuales procedentes de sus rendimientos del trabajo próximos a los 175.000 euros, lo que les otorga “una gran capacidad adquisitiva” como unidad económica.
“Por contra, no se observan grandes u ostentosos gastos, más allá de una vivienda habitual y apartamentos costeros para recreo adquiridos de forma conjunta”, explica el informe patrimonial al que ha tenido acceso Efe.
El resto de bienes inmobiliarios son, para la Policía, “de escaso valor económico” o proceden de donaciones o ventas entre familiares de propiedades procedentes de herencias.
Del estudio de las cuentas bancarias y del resto de productos financieros “se deduce” además la existencia de diversos saldos en cuenta superiores a los 100.000 euros, “compatibles” con la capacidad de ahorro y con otros ingresos justificados.
Según este informe, tales fondos han ido sufriendo un “constante cambio” entre distintas entidades bancarias, con sucesivas activaciones y cancelaciones de imposiciones a plazo fijo, algo que se atribuye a una posible “estrategia de ahorro” y mejora del rendimiento financiero de los capitales.
El informe también hace referencia expresa a la herencia de una farmacéutica de Órgiva (Granada), fallecida en octubre de 2008, que dejó parte sus bienes a algunos de los sacerdotes investigaciones en la causa de supuestos abusos sexuales a menores.
El análisis patrimonial indica que la fallecida donó a tres de los investigados varias propiedades en Órgiva valoradas, a efectos fiscales, en 205.690 euros, según lo recogido en su testamento, en el que consideró herederos del remanente de algunos de sus bienes y de su dinero a los pobres, establecimientos de beneficencia, asociaciones y comunidades religiosas, parroquias y misiones católicas.
Nombró para ello dos albaceas a fin de que aceptaran tal disposición y distribuyeran las cantidades “en la forma que su prudencia les aconsejara y con la más absoluta libertad”.
El informe patrimonial ha sido incorporado a la causa días después de que la Audiencia de Granada decidiera de manera firme declarar prescritos los delitos atribuidos a once de los doce imputados iniciales en la causa, que sólo continúa ahora contra el padre Román, considerado el cabecilla del grupo.
La investigación judicial se inició después de que un joven que ahora tiene unos 24 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2014, tras recibir en agosto de ese año la llamada del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió.
