La Guardia Civil ha culminado la operación Lindaraja con la detención en la localidad de Atarfe (Granada) de cuatro individuos pertenecientes a un conocido clan familiar, a los que se les ha incautado más de 1.700 plantas de marihuana, además de seis automóviles, cuatro de ellos de alta gama, entre otros efectos.
Este clan familiar se dedicaba supuestamente al cultivo de cannabis y al tráfico de marihuana. Los detenidos cultivaban las plantas en sus propios domicilios y en naves anexas a los mismos. Alimentaban de corriente los más de 100 focos incautados de 600 vatios cada uno, con tomas ilegales enganchadas a la red pública.
En esta operación la Guardia Civil se ha incautado además de dos motocicletas, un camión y un quad; 101 focos halógenos y diez aparatos de aire acondicionado.
La fase de explotación de esta operación comenzó a primera hora de la mañana del 22 de septiembre, cuando un numeroso dispositivo con más de 50 agentes de diferentes unidades se desplegó en el conocido barrio de El Barranco y realizó cinco registros simultáneos en cuatro viviendas y una nave en las que fueron localizadas 1.731 plantas de cannabis de distintos tamaños.
La mayoría de las plantas estaban siendo cultivadas en el interior de las viviendas. No obstante, la Guardia Civil también descubrió que un buen número de ellas se encontraban al aire libre en agujeros excavados en el cemento del patio o en macetas de gran tamaño. De hecho, los detenidos habían aprovechado cualquier resquicio en el que hubiera tierra para hacer crecer una planta de cannabis. Estas últimas plantas medían entre tres y cuatro metros de altura.
En la nave registrada la Guardia Civil también descubrió los cogollos de estas plantas puestos a secar. Paso previo a su envasado para su venta.
En uno de los registros, uno de los detenidos quiso hacer creer a los agentes encargados de la operación que la cochera de su casa, en la que la Guardia Civil se incautó de más de 400 plantas, la había alquilado a dos ciudadanos marroquíes y que desconocía lo que había dentro.
La Guardia Civil también descubrió que en todas las viviendas había enganches ilegales al alumbrado público con los que alimentaba la gran demanda de electricidad que requiere este tipo de cultivos de interior.
En uno de los registros, la Guardia Civil encontró facturas emitidas por la compañía eléctrica que le presta suministro al detenido, cuyo importe era de 42 euros, algo impensable si diez focos halógenos de 600 vatios y varios aparatos de aire acondicionado de gran tamaño están funcionando las veinticuatro horas del día. La operación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta que pueda haber nuevas detenciones.