Un alcalde de Podemos está imputado por prevaricación, según el PSOE, aunque él lo niega

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Atarfe ha solicitado hoy formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario en el que pedirán la dimisión del actual alcalde, Francisco Rodríguez, de Podemos, por estar imputado por prevaricación.

El alcalde negó en el último pleno que estuviera imputado pero el PSOE asegura que ya ha sido citado a declarar como tal por el juzgado de Instrucción 6 de Granada. También han sido imputados los concejales de la anterior corporación que votaron a favor de un convenio urbanístico ahora investigado.

El grupo socialista asegura que el actual alcalde fue un azote de su grupo cuando, estando en la oposición, pidió reiteradamente la dimisión de su predecesor por el mismo motivo. Ahora, dice el portavoz socialista Óscar González, debe dimitir por estar imputado y por mentir al pleno.

COMUNICADO DEL ALCALDE

El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada (Por Atarfe Sí), quiere aclarar que las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada guardan relación con unos hechos acaecidos en abril de 2004 cuando toda la corporación municipal formada por 17 concejales (10 PSOE, 5 IU y 2 PP) votó a favor de la aprobación definitiva de un estudio de detalle del plan parcial SR-7 (conocido como los Pitres), y por ello los 17 han sido llamados a declarar ante la Guardia Civil.

Rodríguez Quesada se ha mostrado “muy tranquilo” con la investigación, al tiempo que ha lamentado el “uso torticero que de este asunto está haciendo el PSOE en su labor de oposición”, sin reconocer su grado de responsabilidad en todas las irregularidades urbanísticas de Atarfe.

Las pesquisas de la Guardia Civil fueron ordenadas por el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, hoy jubilado, tras la denuncia presentada por el PP en 2009. El juez sustituto será -una vez que tenga en sus manos el informe que elabore la Guardia Civil- el que determine el grado de responsabilidad de los 17 concejales de la corporación 2003-2007.

Francisco Rodríguez Quesada, cuya trayectoria política arranca en 2003 como concejal independiente por IU, fue llamado a declarar el pasado 4 de septiembre ante la Guardia Civil, al igual que el resto de concejales que formaron parte de aquella corporación municipal. En la Comandancia explicó que, cuando se abordó el estudio de detalle en el pleno de abril de 2004, siguió el criterio del grupo municipal de IU -entonces en la oposición- de aprobar el citado trámite urbanístico que presentó el gobierno socialista y que contaba con el informe favorable de los técnicos municipales. Tampoco hubo reparos de la Comisión Informativa de Urbanismo reunida el 31 de marzo de 2004, de la que el hoy alcalde no formaba parte.

Entre los años 2003 y 2005 se aprobaron cinco estudios de detalle relacionados con la urbanización de los Pitres al amparo de un uso “perverso” de las normas subsidiarias de Atarfe que permitieron aumentar la edificabilidad de forma irregular. Lo que antes se proyectaba como viviendas unifamiliares adosadas pasaban a ser plurifamiliares de manzana cerrada. IU sólo votó de forma favorable en uno de ellos, el que investiga el juzgado, porque los técnicos avalaban su legalidad, el abuso de esta práctica hizo descubrir ese uso “perverso” a posteriori. Es a partir de 2006 cuando Rodríguez Quesada participa en el grupo de trabajo de IU y presenta las primeras denuncias por irregularidades urbanísticas cometidas en los años de gobierno socialista, muchas de las cuales han sentado en el banquillo a los antiguos alcaldes.

En el último pleno celebrado el 24 de septiembre, el grupo municipal PSOE –responsable durante 18 años de la política urbanística del municipio y promotor de dicha ordenanza- reclamó la dimisión de Rodríguez Quesada por entender que estaba imputado por el juez y vulneraba el código ético de la propia agrupación, Por Atarfe Sí (PASI). Si bien el hoy alcalde dijo estar dispuesto a dejar su cargo si recae sobre él una imputación del juez que pueda dañar al partido por el que fue elegido, el código ético de dicha agrupación ciudadana –tal y como explicó la portavoz Rosa Félix- no obligaría a dimitir este caso concreto.

Dicho código ético dice lo siguiente: “El compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos” se asume cuando hay “una imputación por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas” .