La defensa del padre Román, considerado el cabecilla del clan de “Los Romanones”, ha presentado ante el Juzgado que investiga supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores en Granada una amplia documentación para intentar desmontar el testimonio del joven que con su denuncia dio origen a esta causa.
En un escrito, notificado a las partes y al que ha tenido acceso Efe, el abogado Javier Muriel aporta al Juzgado de Instrucción 4 de Granada un total de 151 documentos entre los que se incluyen certificados, informes, facturas, fotografías y correspondencia de algunos de los supuestos implicados.
La presentación de esta prueba documental se produce tras confirmarse la negativa a citar, para que prestara declaración como testigo, al primer denunciante de los supuestos abusos sexuales.
Los documentos aportados por el letrado defensor demuestran, a su juicio, las “falacias y mentiras” vertidas por el denunciante y sus “secuaces” a lo largo de la instrucción y tratan de poner de manifiesto la “falta de perdurabilidad, homogeneidad, credibilidad, veracidad” y demás requisitos exigidos para desvirtuar la presunción de inocencia.
La documentación se centra en el primer denunciante, al que ve “incapaz” de describir algunas de las viviendas en las que pudieron ocurrir los supuestos abusos, y recopila fotografías que, también según la defensa, ilustran una normal relación de amistad con distintos grupos de personas “muy alejada de su imagen de apocamiento dada hasta ahora”.
Para esa parte, el denunciante, del que en su opinión se ha pretendido mostrar una “falsa imagen de debilidad psicológica y encorsetamiento social”, se presenta como “extrovertido, sociable” y con “absoluto control de su entorno”.
Igualmente se aporta correspondencia iniciada con un “Querido Román” que habría sido redactada pasados más de tres años de haber abandonado el “supuesto infierno de abusos” denunciado.
Recoge también otros documentos con los que la defensa quiere contradecir la teoría del Arzobispado de Granada de que el grupo encabezado por el padre Román, del que aparentemente tenía “sospechas” en lo doctrinal y con respecto a la comunión eclesial, era mal aceptado en la diócesis.
En esa misma línea de defensa y contradicción con lo manifestado por el joven denunciante, ha pedido al juzgado que practique una serie de testificales adicionales por entenderlas “necesarias, licitas, pertinentes, nada dilatorias y acordes a derecho”.
La investigación judicial se inició después de que un joven que ahora tiene unos 24 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2014, tras recibir en agosto de ese año la llamada del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió.
Aunque en la causa han llegado a estar imputados un total de doce religiosos, recientemente la Audiencia de Granada decidió de manera firme declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos, por lo que actualmente el proceso sólo continúa contra el padre Román.
La acusación no cree que la documentación del padre Román afecte al fondo de la denuncia
La acusación particular en el caso de los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores en Granada no cree que la amplia prueba documental presentada por la defensa para intentar “desmontar” la denuncia de los hechos pueda afectar al fondo del asunto investigado por el Juzgado de Instrucción 4.
El abogado Jorge Aguilera, que representa al joven que motivó la investigación, ha considerado que se trata de una “maniobra defensiva” que deberá ser valorada junto al resto de la prueba una vez que avance el procedimiento judicial.
“No creo que afecte para nada al fondo del asunto”, ha señalado a Efe el letrado de la acusación particular tras la presentación por parte del abogado que defiende al padre Román, supuesto cabecilla del “Clan de Los Romanones”, de un total de 151 documentos entre los que se incluyen certificados, informes, facturas, fotografías y correspondencia de algunos de los supuestos implicados.
Los documentos aportados demuestran, a juicio de la defensa, las “falacias y mentiras” vertidas por el denunciante y sus “secuaces” a lo largo de la instrucción, además de tratar de poner de manifiesto la “falta credibilidad y veracidad” y contrarrestar la “falsa imagen de debilidad psicológica y encorsetamiento social” del joven.
Para el abogado de la acusación, esto se trata de un tema jurídico y tales aspectos y circunstancias deberán ser determinados más bien por los peritos y psicólogos designados judicialmente.
En este sentido, Aguilera ha resaltado la “contundencia” de la denuncia presentada por el joven al que representa y que, con tal actuación, motivó la presente instrucción judicial, de la que está a punto de cumplirse un año.
Tal investigación se inició después de que el joven que ahora tiene unos 24 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2014.
Todo ello se produjo tras recibir además en agosto de ese año la llamada del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le había enviado.
Aunque en la causa han llegado a estar imputados un total de doce religiosos, recientemente la Audiencia de Granada decidió de manera firme declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos, por lo que actualmente en el proceso sólo continúa contra el padre Román.