IU ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que solicitan la protección para el río Castril mediante su declaración como Paisaje Protegido e instan a la Junta a que pida al Gobierno central que acepte las alegaciones ciudadanas para evitar la conducción de agua desde este río al resto de la comarca.
La coalición de izquierdas, que recoge las reivindicaciones de la plataforma en defensa del río Castril, situado entre los embalses del Portillo y Negratín de Granada, busca así la declaración de este tramo del río como espacio natural protegido.
En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza de IU María del Carmen Pérez ha explicado que la cabecera del río Castril ya está protegida como Parque Natural de la Sierra de Castril, y que lo que se pretende es que el siguiente tramo, también de un alto valor ambiental, cuente con una protección especial mediante la figura de Paisaje Protegido o la ampliación del Parque Natural, ahora en proceso.
“Desde el año 1512 no nos enfrentamos a un trasvase como el que se pretende realizar en esta zona”, ha señalado.
En la proposición no de ley piden también al Gobierno andaluz que inste al central a tomar en consideración las alegaciones presentadas por la Plataforma en Defensa del río Castril para que no se continúe con el segundo ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que de nuevo da cobertura legal a la conducción de agua hacia Baza.
Pérez ha recordado que el Tribunal Supremo paralizó las obras de la conducción, contempladas en el primer ciclo del Plan Hidrológico.
“Y ahora el PP vuelve a la carga legalizando estas obras y poniendo por delante intereses contrarios a los de la protección natural”, según la parlamentaria.
La plataforma argumenta que la conducción no está suficientemente justificada dado que, según su presidente, Miguel Ortiz, “la población de Baza cuenta con la provisión de agua necesaria teniendo en cuenta que se surte del embalse de Almanzora, cuyas aguas provienen de la desembocadura del río Castril”.
En la proposición no de ley también solicitan que,mientras se tramite la declaración como espacio natural protegido, se establezcan de forma cautelar las directrices de planificación y gestión necesarias para evitar la degradación del río, sus riberas, su vega y cultivos tradicionales.
La plataforma ha llevado sus reivindicaciones al Parlamento Europeo y ha recurrido en varias ocasiones al Tribunal Supremo, que en 2007 declaró la ilegalidad de las obras del trasvase y su consiguiente paralización.