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Comedores cerrados: ¿Pronta solución?
La Junta ha mostrado su “absoluto respeto” a la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de abrir una investigación sobre la interrupción del servicio de comedor en varios centros escolares concertados de la zona Norte de Granada capital y ha garantizado que este conflicto está “en fase final de resolución”.
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha señalado a preguntas de los periodistas que se trata de un tema “delicado” en tanto que hay que buscarle un “encaje legal” después de que la Intervención señalara en su momento que el Gobierno andaluz no podía continuar con los convenios para subvencionar el servicio al no tratarse de colegios públicos.
García ha mostrado la disposición de la Junta a colaborar en todo lo que le solicite la Fiscalía y sobre la reactivación del servicio ha dicho que es un “tema prioritario” en el que la Consejería de Educación ya está trabajando para darle una “solución urgente”.
UGT desconvocó la semana pasada las movilizaciones que tenía previstas por este asunto después de que el Gobierno andaluz le trasmitiera en una reunión que se publicará una Orden de ayudas individualizadas de comedor, para que los propios centros concertados puedan gestionar el servicio.
El conflicto afecta a más de 300 escolares sólo en la zona norte de la capital, donde se localizan cuatro de los seis centros afectados. Los otros dos están en Guadix y en Motril.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido investigar los hechos a raíz del escrito que CCOO presentó el 9 de octubre pidiendo que se investigara este asunto al considerar que puede ser constitutivo de un delito de denegación de auxilio a menores de edad.
En el escrito que CCOO remitió a la Fiscalía se ponía de manifiesto que la Consejería de Educación ha venido otorgando subvenciones a determinados centros de la provincia ubicados en “zonas desfavorecidas para atender las necesidades de comedor” de alumnos cuyas familias “tienen serias dificultades para su alimentación”.
No obstante, desde el curso 2013-2014, la Junta no abona las subvenciones comprometidas a los centros, que en unos casos atienden los comedores directamente y en otros a través de empresas especializadas.
En unos casos se ha tenido que suspender el servicio de comedor y donde no se ha hecho “la deuda sigue creciendo”, según exponía el sindicato en el escrito.
Para CCOO, esto “no sólo ha producido un quebranto de la economía de los centros y de las empresas” que prestaban el servicio, sino que se ha dejado “sin una alimentación adecuada a un grupo de población infantil desfavorecida, que en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan”.
Advierte de que esta situación es “impropia de un Estado social y de Derecho, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los menores reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
