“¿Quién va a reparar los cuatro años que yo he padecido?”

El juzgado de Instrucción 8 de Granada ha archivado el conocido como “Caso Magrec” por el que el PP denunció a cargos de Izquierda Unida por presunta prevaricación, falsedad y malversación. El juez asegura que no existió delito en la actuación de los exdiputados provinciales de IU Asunción Pérez Cotarelo y Julio Bernardo.

También estaban acusadas varias personas, pertenecientes a varias empresas y hasta una trabajadora de la Diputación que, curiosamente, fue despedida a raíz de esta denuncia. El despido fue declarado nulo y la Diputación tuvo que indemnizarla. Al día de hoy, la trabajadora queda exonerada, pero sigue fuera de la institución.

La exdiputada Pérez Cotarelo ha lamentado hoy, ante los juzgados, todo el daño sufrido.

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La denuncia la interpuso el anterior gobierno de la Diputación, del PP, contra los dos diputados de Izquierda Unida en el mandato del socialista Martínez Caler.

A raíz de la denuncia, el gobierno provincial del PP decidió dejar en suspenso pagos pendientes por más de 200.000 euros a varias empresas que participaban en el proyecto de cooperación con varios países del Mediterráneo. Además, el proyecto en sí quedó paralizado no pudiendo optar a ayudas comunitarias para la provincia. Por estos hechos, el coordinador provincial de Izquierda Unida Manuel Morales ha exigido responsabilidades al expresidente de la Diputación Sebastián Pérez.