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Isabel Nieto, a un paso de ser imputada por el caso Serrallo
La Fiscalía ha pedido al juzgado que investiga irregularidades urbanísticas en una parcela anexa al centro comercial Serrallo Plaza, destinada a zona verde y donde se autorizó un espacio de ocio, que cite como imputada a la edil de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto (PP), por posible prevaricación.
Aunque inicialmente el Ministerio Público entendió que esta concejal debía comparecer como testigo, el avance de la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y los “indicios de responsabilidad criminal” le han hecho reconsiderar esta postura, de ahí que solicite que Nieto declare como imputada.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía recuerda que la edil alegó que su actuación se había producido “al amparo de informes técnicos favorables”, que pidió que se aportasen a la causa para valorar su posible responsabilidad.
“A la largo de la instrucción aparecen datos de los que se derivan su participación consciente y voluntaria”, indica la Fiscalía, que se refiere a la participación de la concejal en la operación urbanística “con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos”.
La causa que ahora ha motivado esta petición de la Fiscalía, que adelanta hoy Onda Cero, tiene su origen en la denuncia que el propio Ministerio Público presentó a principios de año contra un promotor y cinco altos de Urbanismo de Granada por supuestas irregularidades urbanísticas en la parcela situada junto al centro Serrallo Plaza.
El Ministerio Público pidió entonces al Juzgado la incoación de diligencias previas y señalaba que, de lo ya investigado, resultaban “indicios racionales” de posibles delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística.
La denuncia iba dirigida inicialmente contra el empresario Roberto García Arrabal, representante legal de “Inversiones Área Sur”; Emilio Martín, director general de Licencias; Manuel Lorente, director técnico de Obras; Gaspar Navarro, arquitecto jefe del Servicio; María Paz, directora general de Urbanismo, y Agustín Belda, coordinador del Área de Urbanismo y Obras.
La Fiscalía solicitaba que se les tomara declaración en calidad de imputados e indicaba expresamente en su escrito que no aparecían “en principio” datos para dirigir la denuncia contra el alcalde, José Torres Hurtado (PP), dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni respecto al empresario Enrique Legerén.
En relación a Isabel Nieto, concejal de Urbanismo, dado que alegó que había aprobado modificados de la concesión urbanística concedida al amparo de informes técnicos favorables, el fiscal hacía preciso que se aportaran para valorar su posible responsabilidad.
Según la Fiscalía, había “indicios racionales” de la perpetración de delitos contra la ordenación del territorio en la actuación del empresario García Arrabal, y de prevaricación en cuanto a la aprobación de licencias, proyecto de urbanización de la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento de Granada.
Todo ello, añadía, a partir de informes favorables “contrarios a la normativa urbanística” y conductas de cooperación necesaria en relación a la omisión del deber de restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada.
El Ministerio Público recogía entonces que los hechos denunciados tenían su origen en el 2006, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la sociedad propietaria del Serrallo Plaza una concesión administrativa en unos espacios libres para un parque de atracciones infantiles.
Los promotores decidieron no ejecutar esa concesión hasta que no estuviera construido el centro comercial y, de hecho, finalmente el parque no fue realizado conforme a la concesión otorgada, según la denuncia inicial, que indicaba que se habría permitido construir en zona verde una sala de fiestas y un pabellón cubierto con pista de patinaje.
