Recogen firmas para pedir el indulto del dueño de ‘El Secadero’

Una web está recogiendo firmas para pedir al Ministerio de Justicia la aplicación del indulto total o parcial de la pena de cárcel impuesta al regente del club de jazz “El Secadero” de Alhendín (Granada) por el exceso de ruido causado por su local durante más de una década.

Esta acción, promovida desde la página “Petición Pública”, se produce después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia de Granada que le condenó a dos años y medio de prisión.

Para justificar esta solicitud los promotores de la iniciativa se refieren a las circunstancias personales del condenado como funcionario de carrera con 28 años de servicios prestados a la Administración de Justicia “sin ningún tipo de expediente disciplinario”.

Señalan también que carece de antecedentes penales, que padece una minusvalía del 65 por ciento con grave afectación de la movilidad, que no le impide sin embargo una completa integración social y laboral, y advierten sobre la circunstancia familiar de contar con la custodia compartida de un menor de 15 años.

En su opinión, el ingreso en prisión podría causar a José Luis S.R. perjuicios mucho mayores a los de la pena a la que ha sido condenado ya que podría llegar a perder su trabajo y no poder hacer frente a los créditos para satisfacer las indemnizaciones previstas en su condena y la manutención de su hijo.

La sentencia de la Audiencia de Granada confirmada por el Supremo declaró probado que el procesado abrió el establecimiento -que llegó a ser un referente de la música jazz en Andalucía- en junio de 1994, fecha desde la que se desarrollaron actuaciones en vivo de grupos musicales, principalmente los fines de semana.

Estos espectáculos, que en verano tenían lugar al aire libre, en invierno se hacían dentro del local y a ello se sumaban el resto de días ensayos de numerosos grupos, comenzaban a medianoche y se prolongaban “hasta altas horas de la madrugada”.

Además, el pub tenía en funcionamiento equipos de música, con altavoces en el interior y en el patio, que carecían de limitador de sonido, así como cualquier tipo de insonorización.

Según la sentencia confirmada por el Supremo, tanto los conciertos como los equipos musicales generaban “un alto ruido”, con un nivel “ilícito” que llegaba a las viviendas del entorno, “rebasando el máximo permitido por la normativa aplicable y produciendo en consecuencia una contaminación acústica constante”.

Todo ello se repetía noche tras noche y generaba “una posibilidad de grave perjuicio a la salud de los vecinos que vivían en las proximidades”, quienes por estos hechos padecieron problemas de insomnio, irritabilidad y afectación en el rendimiento de su trabajo, y que se vieron obligados a cambiar sus hábitos de sueño o las habitaciones de sus viviendas para dormir.

REDACCIÓN / AGENCIAS