El Colegio de Abogados de Granada ha suspendido el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario que prestaba a diario a los internos recluidos en la prisión provincial “por solicitud expresa de la Consejería de Gobernación y Justicia”.
Según ha informado hoy el colegio en un comunicado, este servicio se estaba prestando tras la firma de un convenio tripartito suscrito entre la dirección general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
El convenio fue prorrogado indefinidamente el 28 de octubre de 2010 y requería la firma de una addenda que no se ha realizado, “por razones que se imputan recíprocamente el Ministerio y la Junta de Andalucía”, según el Colegio de Abogados de Granada.
Informan de que por este motivo, desde hoy deja de prestarse este servicio, al que están adscritos 272 letrados pertenecientes al Colegio de Abogados de Granada, que el año pasado prestaron asistencia a una media de tres internos diarios.
Para el colegio, “resulta sorprendente que sea ahora la propia Junta de Andalucía la que solicite la suspensión del servicio por razones económicas y administrativas”.
Y ello porque la Junta, recuerdan, denunció al decano del colegio ante la Fiscalía Provincial por entender que con la decisión que tomó en su día este colectivo de suspender el servicio de asistencia jurídica gratuita por falta de pago de la administración, entre otras razones, se podrían estar conculcando derechos fundamentales.