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Los promotores de la denuncia sobre el Diccionario Biográfico acudirán a los tribunales
El grupo de ciudadanos que promovió una denuncia contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español acudirán a los tribunales para continuar con su solicitud de secuestro de esta publicación y que pedir que se investigue la que consideran una “burda manipulación” histórica.
Así lo ha anunciado hoy a Efe el catedrático de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, portavoz de este colectivo, después de que ayer se conociera que la Fiscalía de Madrid ha archivado su denuncia al considerar que no existe un delito de difusión de informaciones injuriosas en la referida obra.
El grupo ciudadano estudia ahora con sus servicios jurídicos la fórmula para seguir con este asunto en los juzgados ordinarios, para lo que “seguramente” se constituirán como “acción popular”, ha explicado García Wiedeman.
El colectivo lamenta que el Ministerio Público haya tomado la decisión de archivo “inopinadamente”, sin llegar a entrar en el fondo de la cuestión que plantearon y que se ampare en la libertad de expresión para justificar una “aberración científica de primer orden”.
El profesor considera en este sentido que la historia no es “algo opinable” y que la negación del carácter sangriento de la represión franquista no puede quedar reflejada en una obra “con visos de permanencia” como si fuera un parecer particular o privado.
“No estamos satisfechos, es una cobardía lo que ha hecho la Fiscalía. Vamos a seguir la vía correspondiente y llegaremos donde haya que llegar”, ha añadido.
Para los denunciantes, los autores de este diccionario, elaborado por la Real Academia de la Historia, podían haber incurrido en un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen.
La denuncia había llegado a la Fiscalía madrileña después de que se la remitiera la Fiscalía General del Estado, que a su vez la recibió de la Fiscalía Superior de Andalucía, ya que fue presentada en Granada por un grupo de ciudadanos encabezados García Wiedeman.
