María José Sánchez exige al PP que no atribuya a la Junta las consecuencias de sus recortes

La delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio, ha pedido hoy al alcalde de la capital y al presidente de la Diputación que “dejen de responsabilizar, día tras día, a la Junta de Andalucía de las consecuencias de los drásticos recortes sociales que el PP está llevando a cabo a nivel nacional y asuman de una vez por todas que están desmantelando los servicios públicos”.

“Que expliquen a los granadinos por qué el Gobierno de Rajoy ha reducido en más del 70 por ciento las transferencias a Andalucía en materia de servicios sociales y asuman que ese es el verdadero motivo de los despidos de los trabajadores de los servicios comunitarios de Diputación, de que el Ayuntamiento deje de prestar el servicio de teleasistencia, de que estén cerrando centros de la mujer o de que casi 9.000 granadinos no se puedan beneficiar de la ley de Dependencia”, puntualizó.

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Sánchez Rubio considera que el PP está “enturbiando la vida política e institucional con mentiras tras mentiras, culpando a la Junta para intentar camuflar su ineficaz gestión y sus dramáticos recortes”.

La delegada mantiene que “es la Junta quien está defendiendo en solitario el mantenimiento de los servicios públicos, con especial atención a los colectivos más vulnerables”. En este sentido, recordó que el Gobierno central paralizó por decreto el año pasado la prestación de personal valorado con grado 1 y 2 de dependencia y “retrasa sistemáticamente la atención a personas dependientes moderadas a golpe de decretazos”.

La Junta atiende a 27.666 personas dependientes de la provincia, 8.315 personas reciben ayuda a domicilio, generando un empleo de 680 personas, “frente a los casi 5.000 puestos de trabajo que dejan de crearse por la paralización del Gobierno del PP”.

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En cuanto al Plan Concertado, cuyo objetivo es financiar los servicios sociales comunitarios que prestan ayuntamientos y diputaciones, para compensar la menor aportación del Gobierno central –un 67 por ciento menos–, la Junta de Andalucía ha incrementado en un 35 por ciento su cuantía desde 2004, manteniendo durante el presente ejercicio 2012 la misma inversión que en 2011: un total de 42,5 millones de euros.

En el caso de los presupuestos autonómicos de 2013, “en los que prácticamente uno de cada dos euros se va a destinar a políticas sociales”, la inversión completa de la Consejería de Salud y Bienestar Social para los ayuntamientos en el capítulo de servicios y prestaciones con carácter finalista es de 415 millones de euros, la misma que en 2012.

A todo ello se suma el Programa de Inclusión Social, que duplica sus recursos incorporando la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Acción Social dotado con 60 millones de euros, y se aumenta la parte destinada al Programa de Solidaridad, enfocado al salario social, al que se destinan 70 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,2 por ciento en comparación con el ejercicio anterior.

El PP ha bajado en un 15 por ciento la aportación económica a las personas cuidadoras, ha suprimido su cotización en la Seguridad Social y ha limitado la ayuda a domicilio dirigida a los colectivos beneficiarios de la normativa. Por el contrario, la Junta va a invertir una partida de 2,6 millones de euros más al año para amortiguar “los perjuicios” ocasionados al sistema de dependencia por el Gobierno de Rajoy, que además este año ha reducido en 89 millones la aportación a Andalucía para financiar esta prestación y para 2013 la reducción será de alrededor de 120 millones de euros.

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Sánchez Rubio ha puesto como ejemplo “del constante atentado del PP al sistema público” el copago farmacéutico para los pensionistas, la exclusión de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y los jóvenes mayores de 26 años sin cotización a la Seguridad Social, la reciente aprobación del copago en los medicamentos de dispensación hospitalaria o la pretensión de que los ciudadanos tengan que pagar por el transporte sanitario y por acceder a diferentes prestaciones como son los programas de detección precoz de determinadas enfermedades o la fecundación in vitro.