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La diputada delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, ha dado cuenta hoy en rueda de prensa de la deuda de la Junta de Andalucía con la Diputación de Granada que asciende ya a 50 millones de euros lo cual está afectando al normal funcionamiento de la Tesorería de la Institución Provincial. Son deudas que provienen no solo del ejercicio actual sino desde 2003 y que afectan especialmente a las políticas sociales, materia en la que la deuda es de 15 millones de euros, pero también a los proyectos de Medio Ambiente, Juventud, Igualdad, Turismo, Fomento y Obras Públicas o Empleo.
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La administración autonómica practica un “doble recorte” con la Diputación de Granada, según ha explicado Inmaculada Hernández que ha acusado de “deslealtad institucional” a la administración autonómica la cual, por un lado, está poniendo fin a programas como los de Servicios Sociales Comunitarios y, por otro lado, no está abonando las partidas de los convenios que ha firmado.
Ante ello, utiliza “excusas de mal pagador”, ha señalado Hernández, al apuntar al Gobierno de la Nación como la causa de estos impagos pese a que datan de ejercicios anteriores. La diputada también se ha referido a los impagos del impuesto de los BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales), embalses y pantanos de titularidad de la Junta, por los cuales no paga los impuestos correspondientes a los municipios en cuyos términos están. Esta situación se extiende a las sedes y oficinas en la provincia de órganos como el Servicio Andaluz de Empleo o el Instituto Andaluz de Servicios Sociales por cuyo IBI la Diputación Provincial tampoco está recibiendo el pago correspondiente sumando un total de 10 millones de euros la deuda que se mantiene por estos conceptos.