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Aplazan el juicio contra una red nacional de pirateo
La Audiencia de Granada ha suspendido hasta el próximo junio el juicio previsto para hoy contra los cinco cabecillas de una red dedicada a falsificar y distribuir cedés pirateados por diferentes puntos del país por la ausencia de dos de los acusados con problemas al tramitar sus visados.
El presidente de la Sala Segunda de la Audiencia ha aplazado hasta los próximos días 9 y 10 de junio el juicio al aceptar el compromiso de la defensa de dos acusados, que ha argumentado su incomparecencia por problemas en la tramitación de sus visados y ha asegurado que acudirán a la próxima cita judicial.
La Fiscalía ha acusado a los cinco senegaleses de los delitos de asociación ilícita y contra la propiedad intelectual como responsables de una trama nacional de falsificación de productos audiovisuales que distribuían por diferentes ciudades españolas y que ocasionó un perjuicio económico de más de 1,7 millones de euros.
La red comenzó en una vivienda de la calle Mariano Galera de Granada, donde dos de sus cabecillas, Mor y Bassirou W., reproducían y grababan sin permiso productos audiovisuales en CD y DVD para venderlos en la calle a través de una red a la que fueron incorporando al resto de acusados.
A la vivienda inicial sumaron otros tres domicilios y nuevos equipos informáticos para incrementar su mercado.
Desde el año 2003, la organización se dividió en dos sectores de mercado, uno centrado en distribuir la mercancía falsificada a otros grupos de venta repartidos por la provincia y otra rama dedicada a la venta ilegal ambulante.
Los pisos servían además para alojar “hacinados”, según la Fiscalía, a inmigrantes que vendían en la calle los productos pirateados y que vivían vigilados por los acusados, a los que pagaban mensualmente por dedicarse a la venta de la música.
En mayo de 2007, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software (ADESE) y otras empresas que actúan como acusación particular denunciaron a este grupo, lo que provocó un registro en los cuatro locales en los que detectó a 23 personas y material valorado en más de 1,1 millones de euros, aunque sólo se ha acusado a los responsables de la red.
El perjuicio calculado de esta trama asciende a 1.713.000 euros y los productos falsificados se distribuyeron en Andalucía, Tarragona, Jaca, Ciudad Real, Zaragoza, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca, entre otros destinos.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asociación ilícita y otro contra la propiedad intelectual, por los que ha pedido cinco años de cárcel para cuatro de los acusados y un año más de prisión para Bassirou W. por reincidencia.
Suma además la petición de multas de entre 8.640 y 6.480 euros para los cinco responsables de la red de falsificación.
