La concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, preguntará en el próximo Pleno de abril “sobre la implicación del equipo de gobierno en el conflicto generado por la empresa que presta el servicio municipal de ayuda a domicilio, y que pone en serio peligro una prestación básica para cerca de 3.000 usuarios en la ciudad de Granada”.
Molina ha sostenido en una nota que, desde IU, quieren que el equipo de gobierno deje de hacer demagogia con la dependencia y que señalen al verdadero culpable de la alarmante situación de un servicio público vital para miles de ciudadanos”. Un culpable que, en su opinión, “no es otro que el Gobierno central”.
“Queremos que nos digan a la cara si les preocupan o no los graves recortes con los que se están encontrando los trabajadores que prestan este servicio, y en consecuencia, la pérdida de calidad en el servicio de ayuda a domicilio”, ha pedido la concejal, quien pretende que el Ayuntamiento “dé respuesta y se implique en un conflicto laboral del que no puede pasar de perfil porque es un servicio que el gobierno local adjudica a la empresa Clece, y por lo tanto debe responder de las contrataciones que efectúa y controlar que se cumplen las condiciones laborales dignas, así como garantizar que el servicio de ayuda a domicilio no corre peligro”.
Desde la formación de izquierdas también quieren que “el PP les diga el motivo por el cual desde el 3 de abril, día en el que los trabajadores de la empresa Clece solicitaron tanto al concejal de Economía como al de Bienestar social una reunión para analizar este conflicto laboral y por el que pretendían pedir colaboración y apoyo, el Ayuntamiento de Granada a día de hoy no les ha concedido dicha cita”.
La edil de izquierdas ha señalado que “es costumbre de los corporativos del PP no dar la cara ante ningún conflicto laboral de los que depende la prestación de servicios municipales”. “El equipo de gobierno se dedica a hacer contratas de servicios públicos con empresas que no cumplen convenios colectivos, presionan a sus trabajadores y, al final, se traduce en que se pone en peligro los servicios públicos municipales”, ha insistido.
Para Molina, además, “este caso es aún más grave porque se trata de personas con gran necesidad de atención por su delicada situación de dependencia, por lo que pasar de perfil es una clara falta de respeto y sobre todo de responsabilidad”.