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El grupo de IU en el Ayuntamiento de Granada ha presentado alegaciones a la nueva Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales pidiendo su retirada “por no estar consensuada y estar plagada de incoherencias”, ya que se “contradice con otras normativas municipales”, además de no incluir “medidas concretas para evitar el abandono de animales”.
Para el portavoz del grupo, Francisco Puentedura, uno de los apartados más “polémicos” de esta normativa es el que hace referencia al tratamiento de los animales abandonados y ha mostrado su rechazo a que se prohíba alimentarlos.
También censura que en el caso de que no se localice al dueño de un animal en 15 días, éste pueda ser dado en adopción o ser objeto de otras “medidas alternativas”, lo que a su entender implica que en muchos casos serán sacrificados, puesto que en la nueva ordenanza “se elimina el compromiso que el Ayuntamiento asumía de eutanasia veterinaria”.
Desde IU también se han mostrado en contra de que se prohíba la tenencia de más de tres animales por vivienda, al considerar que esto depende de las condiciones del domicilio y de si las mascotas “están educadas y en buenas condiciones”.
Para Puentedura, en la redacción del documento no se ha tenido en cuenta “a las decenas de colectivos que en la ciudad trabajan por la protección animal y la convivencia”, y tampoco se han promovido reuniones con la Plataforma por Una Ordenanza Animal Justa, “que ha presentado miles de firmas pidiendo que este documento sea consensuado”.
Por otra parte, el edil critica que la nueva norma apunte a la creación de un registro municipal “cuando el Decreto 92/2005 que regula la identificación y los registros de animales de compañía y potencialmente peligrosos en la comunidad andaluza ya establece el Registro Andaluz de Identificación Animal”, lo que a su entender implica una duplicidad y burocratización innecesaria.
Advierte además de “incoherencias” entre la nueva normativa municipal de Tenencia de Animales y la Ordenanza Municipal de la Convivencia que regula este apartado, lo que a su entender conllevará “inseguridad jurídica al ciudadano que no sabrá qué normativa tendrá que cumplir y cuál prevalece”.
Entre ellas se ha referido a las sanciones, que son diferentes en las distintas ordenanzas.