Sin mapa de ruido hasta el fin de las obras del metro

El Ayuntamiento pospondrá la revisión del mapa de ruidos de Granada hasta que no finalicen las obras del metro.

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que pospondrá la revisión del mapa de ruidos de la ciudad hasta que finalicen las obras del metro, al considerar que el sonido que generan las mismas “desvirtuaría por completo” los resultados.

La decisión ha sido aprobada este viernes en Junta de Gobierno Local, según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida (PP), después de que IU haya criticado este aplazamiento de la segunda fase del mapa de ruidos.

Mérida ha defendido que el documento que se elaboró en 2008 recibió informe favorable de la Junta de Andalucía y “técnicamente ha sido uno de los más felicitados por la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento y el Congreso Nacional de Medio Ambiente”.

“El Ayuntamiento, como todos los municipios de su tamaño, está obligado a hacer esa segunda fase, revisión o actualización cada cinco años, según obliga la ley estatal de ruidos, si bien, dicha revisión, en el caso de Granada, se ha pospuesto hasta que finalicen las obras del metro, que condicionarían los resultados”.

El concejal ha señalado que esta es la tercera prorroga de la suspensión que ha tenido que aprobar la Junta de Gobierno, “debido a la prolongación en el tiempo de las obras del metro”.

No obstante, esto “no condiciona ni invalida el mapa que se presentó en 2008, con todos los datos requeridos y además sometidos a información pública en dos ocasiones”, ha aclarado Mérida, quien ha precisado que el pasado octubre se sometió por segunda vez a exposición pública sin que IU haya presentado alegaciones.

Esta situación se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimara el pasado septiembre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Granada contra la sentencia que declaró nulo el proceso administrativo por el que se aprobó el mapa de ruidos y confirmara que la tramitación se realizó de manera irregular.

Esto supuso que el expediente se retrotrajera al trámite anterior a la información pública, al considerar el Alto Tribunal andaluz que este proceso no se había desarrollado con las “suficientes garantías”.