UPyD recurre una selección de personal en el Ayuntamiento de Granada

Por falta de información

UPyD ha presentado un recurso de reposición contra un decreto de la Alcaldía de Granada en el que le negó información sobre el proceso de selección seguido para convertir en funcionarios a treinta laborales fijos.

En el recurso, fechado ayer 19 de diciembre, la concejal y portavoz del grupo, Mayte Olalla, ha expuesto que el decreto de la Alcaldía no razona adecuadamente el motivo de la denegación, ni menciona siquiera el hecho de que, debiendo considerarse admitida su queja por silencio administrativo, se deniegue con posterioridad.

El silencio administrativo se ha producido, ha alegado UPyD, porque la información sobre el proceso de “funcionarización” se solicitó por vía oficial el 20 de octubre y la respuesta municipal llegó el 12 de noviembre.

En ese sentido, Olalla ha recordado que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales establece que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la comisión de gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.

El recurso de reposición ahora presentado incide en que, además de que el Ayuntamiento no puede interpretar una norma organizativa en el sentido contrario al que marca la ley, en este caso se añade la circunstancia de que se solicitaba una información necesaria para que la concejal pueda acometer con conocimiento suficiente el ejercicio de sus funciones.

Olalla ha insistido en esta cuestión porque no le han dado argumentos “razonados” para no facilitarle la información solicitada y subraya que en todo este asunto hay “mucho oscurantismo, una clara falta de transparencia y una intención patente de ocultar algo” por parte del gobierno local.

Todo ello le reafirma, ha informado UPyD, en su impresión de que muchas de esas treinta plazas se van a cubrir “sin cumplir con la legalidad”.

UPyD denunció por primera vez esta situación en octubre, cuando mostró “serias dudas” de que se hubiera cumplido el principio de igualdad de oportunidades, méritos y capacidades.

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