IU presentará una moción en defensa de un Registro Civil “público y gratuito”

Izquierda Unida presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Granada para que el ente local defienda el Registro Civil “público y gratuito” frente a la privatización que “pretende llevar a cabo el Gobierno central”, según ha anunciado este martes el portavoz de IU y candidato a la Alcaldía, Francisco Puentedura.

El portavoz de IU, junto con los trabajadores de justicia y del Registro Civil de Granada, ha señalado el “riesgo que la ciudad y la provincia de Granada” tienen de perder un servicio gratuito para trámites “ineludibles” como inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones o expedición de certificaciones “que hacen que las oficinas del Registro Civil satisfagan diariamente una alta demanda de servicio público a la ciudadanía”, ha agregado Puentedura.

La reforma de la Administración de Justicia, “impuesta por el Gobierno de España”, implica la desaparición de estos registros en los distintos juzgados, tanto provinciales como de paz en los municipios, planteando sólo un registro por comunidad autónoma y previendo el traslado de sus funciones al registro de la propiedad y mercantil.

“Ello implica que los registradores de la propiedad y mercantiles cobrarán un arancel directo por gestiones que hasta ahora eran gratuitas además de alejar este servicio de muchos municipios pequeños de nuestra provincia” ha denunciado el portavoz de la izquierda quien, además, ha indicado “que el coste de estas gestiones administrativas implicará un arancel por encima de los 100 euros por cada trámite, dejando el negocio para hacer caja al registro mercantil y de la propiedad beneficiando exclusivamente a un lobby registral del que el mismo presidente del gobierno forma parte como registrador de la propiedad que es”.

En Granada, esta privatización pone en riesgo, según Puentedura, la situación laboral de los 25 funcionarios que componen el Registro Civil, y que anualmente atienden cerca de 40.000 trámites administrativos: “El cobro de aranceles que pretende imponer la reforma del Gobierno Central implicará un volumen de negocio por encima de los cuatro millones de euros al año que tendrán que pagar los granadinos para el registro mercantil y de la propiedad”.

Para el candidato de IU a la Alcaldía, dada la vinculación que este servicio tiene con los servicios públicos, el Ayuntamiento de Granada “no puede mirar para otro lado y debe exigir en pleno la suspensión de la privatización del Registro Civil de Granada, evitar su desaparición y exigir que se garantice la gratuidad de este servicio público y la continuidad de sus funcionarios”.