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El fiscal mantiene la petición de cárcel por la tramitación de una urbanización de Atarfe
La Fiscalía ha mantenido hoy la petición de hasta cuatro años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación para el arquitecto, el secretario y un concejal del Ayuntamiento de Atarfe por prevaricación y malversación, causa en la que no ha sido juzgado el exalcalde Víctor Sánchez por enfermedad.
En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha considerado probado que los tres acusados actuaron de común acuerdo en la tramitación necesaria para incrementar la edificabilidad de unos terrenos utilizando la figura de estudio detalle, que reduce la exposición pública y no exige informes de la Junta de Andalucía.
Los hechos se remontan a febrero del 2005 cuando la empresa municipal del suelo solicitó un cambio de tipología de las viviendas, que pasaban de unifamiliar a plurifamiliar, que aprobó el exalcalde Víctor Sánchez (PSOE) mediante resolución.
Tras estos cambios urbanísticos, el Ayuntamiento de Atarfe aprobó la segregación de parcelas, la enajenación de fincas sobrantes y la venta de una de las parcelas a una empresa, según la Fiscalía por un precio inferior al del mercado “con perjuicio” para el Ayuntamiento.
Sánchez no ha sido juzgado en la causa por un auto de la Audiencia dictado el año pasado, en el que archivó provisionalmente las causas contra el exalcalde por su “precaria” salud.
La Fiscalía ha mantenido que los hechos provocaron un “evidente perjuicio al pueblo” al forzar la pérdida de espacios para servicios y que los acusados favorecieron los intereses privados de terceros y no el interés general del municipio.
Las defensas de los tres acusados han solicitado la libre absolución de sus patrocinados al considerar que actuaron cumpliendo la normativa urbanística y han subrayado que el relato mantenido por la Fiscalía “parece un cuento” que se ha quedado “sin desarrollo y sin el desenlace del Ministerio Público”.
Los tres acusados, el arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y el concejal y consejero de la empresa municipal “Proyecto Atarfe”, defendieron durante la primera sesión del juicio que sus actuaciones fueron legales y que la tramitación urbanística en una parcela fue correcta y nunca se enfrentó a ningún “reparo”.
El arquitecto municipal subrayó que se modificó la edificabilidad de una manzana de la parcela pero no el cómputo total, que quedó igual porque también se ampliaron los viales y aceras.
El consejero delegado de la empresa pública apuntó que el precio pactado para esa venta era “adecuado” y el secretario recordó que ni emitió ningún informe sobre la legalidad de las decisiones ni nadie se lo pidió y que se limitó a “dar fe y velar” por las decisiones tomadas, que son sus competencias.
La Fiscalía ha mantenido la petición de penas de hasta cuatro años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por dos delitos continuados de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación de caudales en un juicio que ha quedado visto para sentencia.
