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La acusación ve “positivo” que se declare la responsabilidad civil del Arzobispado
La acusación particular en el caso de los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores ha respaldado hoy la decisión del juez instructor de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada al entender que esta medida garantizaría una respuesta adecuada a las posibles víctimas.
En declaraciones a Efe, el abogado Jorge Aguilera, que representa al joven que con su denuncia motivó la investigación, ha dicho que lo acordado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, es “un paso positivo”, que además había sido solicitado por la propia acusación particular.
“Nos parece bien y adecuado”, ha indicado el letrado, quien ha explicado que esta decisión garantizará una respuesta adecuada a las víctimas en caso de que los supuestos responsables de los abusos no pudieran hacerlo.
La acusación entiende, en línea con lo acordado por el Juzgado, que el Arzobispado de Granada tenía una labor de vigilancia del desarrollo del cometido de los sacerdotes a su cargo y que, por tanto, tendría que responder también de sus actos.
Según Aguilera, una vez declarada esta responsabilidad civil subsidiaria, decisión contra la que cabe recurso, el Arzobispado podrá decidir si se suma al procedimiento judicial y asume su condición de parte.
Por su parte, fuentes del Arzobispado de Granada consultadas por Efe han rehusado pronunciarse de momento sobre esta última decisión del juez instructor, mientras que el letrado del principal imputado, el padre Román, también ha eludido hacer una valoración al considerar que este aspecto puntual es “ajeno a la defensa”.
Con la decisión acordada ayer por el juez Antonio Moreno el conocido como “Caso Romanones” ha retomado su actividad judicial, a la que se sumará mañana comparecencia pericial y el fallo de la Audiencia de la posible prescripción de algunos de los delitos la próxima semana.
El Juzgado ha citado mañana a un perito de la defensa para que aclare o amplíe un informe emitido sobre otros informes de la Unidad de Análisis de Conducta de la Policía.
En las actuaciones obran dos informes, uno que consideró “altamente honesto” el testimonio del joven que, con su denuncia, dio origen a la instrucción de la causa, y otro que, por contra, ve “deshonesto” el testimonio del padre Román, considerado cabeza del grupo de “Los Romanones” y principal imputado.
El martes 15 de septiembre tiene previsto además reunirse la Sección Primera de la Audiencia de Granada para votar y fallar sobre la prescripción de la causa para once de los doce imputados y algunos de los delitos imputados al padre Román.
El tribunal provincial deberá decidir si han prescrito los supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes, investigados desde octubre de 2014, como consideró el juez instructor en contra de la postura de la acusaciones particular y popular.
La investigación judicial se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado.
Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17 años.
