Un jurado popular enjuiciará en noviembre al acusado de matar a su mujer en Motril a martillazos

Ocurrió en mayo de 2014

El hombre para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel acusado de matar a martillazos a su mujer, Araceli Morales Barros, en Motril, será enjuiciado en la Audiencia de Granada entre los próximos 23 y 25 de noviembre por un jurado popular, han informado a Efe fuentes judiciales.

Araceli Morales murió el 7 de junio de 2014 a los 60 años en el hospital de Granada, donde permanecía ingresada desde que el 20 de mayo de ese año, fuera agredida con un martillo en la cabeza por su marido en la vivienda de Motril donde convivían.

La pareja estaba en trámites de separación y tenía previsto acudir al juicio por el divorcio al día siguiente de la agresión.

El presunto agresor permanece desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden judicial.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los hechos constituyen un delito de asesinato con alevosía, sin que exista atenuante ni eximente alguno al considerar que el acusado estaba en el momento de los hechos en plenas facultades mentales.

Por ello, pide para el presunto autor 20 años de cárcel y que indemnice a los herederos en 100.000 euros, según el escrito.

La acusación particular, representada por el letrado Francisco Feixas, solicita por su parte 25 años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros para los familiares por el mismo delito pero con la agravante de ensañamiento.

Se da la circunstancia de que el acusado denunció, siete meses después de su detención, a cuatro agentes policiales y un vecino de Motril por haberle supuestamente lesionado en el momento del arresto.

En el juicio de faltas por estos hechos, que se celebró el pasado 29 de septiembre, la Fiscalía pidió la absolución de los acusados basándose en la prescripción de los hechos, dado que la denuncia fue presentada más de seis meses después de que ocurrieran, que es la fecha tope para las acciones consideradas como faltas.

Entiende también el fiscal que los hechos denunciados no han quedado acreditados al no ajustarse a la realidad de los informes realizados en su momento por los forenses.

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