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Detenido en Baza por simular un robo en su casa
La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un hombre de 40 años y con antecedentes policiales anteriores a este hecho como presunto autor de simulación de un robo en su casa cuando él estaba ausente, en el que reclamaba una escopeta de caza del calibre 12.
En un comunicado, la Policía ha informado de que los hechos se desencadenaron tras la llamada del 091 alertando de un robo en una casa y cuando al inspeccionar la vivienda junto al propietario comprobaron que no había nadie y observaron la puerta de entrada forzada y el interior revuelto con cajones sacados y cosas por el suelo.
El propietario y sospechoso del robo, según la Policía, reclamaba una escopeta de caza del calibre 12, una canana con cartuchos, una motosierra, una caladora y 60 euros, presentando posteriormente una denuncia en las dependencias policiales.
Tras la investigación del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Baza, los agentes comprobaron que el hecho denunciado parecía haber sido simulado y determinaron que los hechos podrían haber ocurrido de forma diferente a lo manifestado en la denuncia.
La Policía ha confirmado que en realidad el propietario había extraviado la escopeta, hecho sancionable por el incumplimiento del reglamento de armas, y para evitar la sanción administrativa por la pérdida del arma simuló un robo en su domicilio.
Verificados ciertos extremos de la investigación y tras comprobar indicios de falsedad en los hechos de la denuncia presentada, los agentes han detenido y puesto al hombre a disposición judicial.
La Policía Nacional ha resaltado la distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que éstas conductas suponen, siendo además un detrimento de las verdaderas víctimas de hechos delictivos.
Debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media han alcanzando de 200 a 1.000 euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.
